El Gobierno de Santiago Peña nunca ha dado explicaciones convincentes de cómo y por qué se ha acumulado la enorme deuda vencida que mantiene con proveedores y contratistas del Estado, siendo que, a priori, no existen razones que lo puedan justificar, mucho menos en la magnitud que ha adquirido el grave problema. En casi tres años de mandato, esta administración ha gozado de un ciclo de crecimiento económico sostenido, registró récords de recaudaciones, le aprobaron todos los préstamos que solicitó, tuvo acceso a fondos extras en Itaipú, se le permitió relajar el cronograma de convergencia del déficit fiscal, no le ha tocado ninguna gran emergencia nacional y, sin embargo, pese a todas esas condiciones favorables, le debe a cada santo una vela.
El Ministerio de Economía y Finanzas admitió atrasos con el sector farmacéutico por 1.050 millones de dólares, correspondientes a obligaciones con unos quinientos proveedores de medicamentos e insumos para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, aparte de unos 350 millones de dólares que debe el Instituto de Previsión Social. Solo la deuda vencida con este sector representa alrededor del 3% del PIB. A esto hay que sumar 360 millones de dólares que reclaman los contratistas de obras públicas y una larga lista de montos menores en prácticamente todas las áreas.
El Gobierno tampoco explica por qué estas deudas no están contempladas en la contabilidad estatal. Si lo estuvieran, habría sido imposible cerrar contablemente el ejercicio 2025 con un déficit del 2% del PIB, que es lo que se admite oficialmente, y es todavía más inverosímil que se vuelva este año al tope del 1,5% del PIB previsto en la ley de responsabilidad fiscal, que es la meta que Santiago Peña se comprometió a cumplir ante la ciudadanía, ante los inversores, ante los organismos internacionales y ante las calificadoras de riesgo.
La situación actual es similar a la que denunciaron el propio Peña y su equipo de transición hace tres años, antes de asumir, solo que mucho peor. En aquel momento señalaron que el déficit fiscal declarado por la administración saliente (2,2% del PIB para 2023) era irreal, precisamente porque no incluía deudas vencidas con proveedores y contratistas, por lo que solicitaron y obtuvieron leyes especiales con medidas extraordinarias para proceder a un sinceramiento.
Exponentes del actual Gobierno y el mismo Santiago Peña suelen declarar que el problema de las deudas vencidas es heredado de la gestión de Mario Abdo Benítez, pero esa afirmación es falsa. Al inicio de su mandato a Peña se le aprobó un endeudamiento adicional de 600 millones de dólares y una fuerte ampliación presupuestaria, incluyendo una recalendarización de la reducción del déficit, precisamente para ponerse al día y comenzar de cero. Si, a pesar de ello, tres años después los atrasos ya no son de 600 millones, sino de alrededor de 1.500 millones de dólares, sin considerar IPS, mínimamente el Gobierno tiene que explicar qué hizo con la plata.
Cada quien tiene que asumir sus responsabilidades, pero es cierto que a Mario Abdo Benítez le tocaron años difíciles, pandemia de por medio, todo lo contrario que a Santiago Peña. La economía privada experimentó un período de auge, apuntalado por campañas consecutivas de buenas cosechas, lo que se tradujo en altas recaudaciones en 2024 y 2025. Además de ello, el propio Gobierno se jacta de haber conseguido más “fondos socioambientales” de Itaipú. Como si fuera poco, el endeudamiento público pasó de 16.047 millones de dólares en agosto de 2023 a 21.387 millones de dólares al primer trimestre de 2026. Es decir que recursos a este Gobierno no le faltaron, entonces, ¿por qué no se abonaron las cuentas?
Asimismo, todos estos gastos que se realizaron y no se pagaron tuvieron que haber estado previamente presupuestados, puesto que no está permitido comprometer fondos públicos al margen del presupuesto de la nación. Entonces, ¿a dónde se fue el dinero que se había previsto en los respectivos presupuestos para costear estos contratos de suministros, obras y servicios?
Es muy probable que se tenga que volver a hacer un sinceramiento, lo que implicará tomar más préstamos para cancelar los atrasos y reconocer que el déficit real es mucho mayor que el oficial, lo cual será un duro golpe para la credibilidad del país y pondrá seriamente en entredicho el grado de inversión otorgado a los títulos soberanos paraguayos. Al margen de ello, aquí hay mucha tela que cortar, esto no puede quedar así, Santiago Peña tiene que rendir cuentas a la población.