En cualquier país medianamente democrático, la llamada “campaña sucia” desatada contra muchos actores críticos al Gobierno de Santiago Peña hubiera desatado las respuestas que merece. Es decir, la persecución penal y la destitución de todas las autoridades y funcionarios públicos, responsables estratégicos de la repugnante campaña. A estas horas está plenamente confirmado que los tentáculos del poder reptaron invisibles hasta hace poco, desde el mero entorno presidencial comunicacional.
No se trata de cualquier ente el involucrado sino de aquel que se da en llamar Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, MITIC, a cargo del pariente político del Presidente, Gustavo Villate. El Ministerio, que idealmente fue pensado para liderar políticas de tecnología que faciliten la convivencia y eleven al Paraguay a un mundo cada vez más moderno que utilice a su favor la ciencia, se ha encargado de promover campañas al más puro estilo del alemán Joseph Goebbels, jefe de propaganda del régimen nazi: inundaron el espacio público con páginas digitales y perfiles falsos que bombardearon con desinformación y violencia, coordinadamente.
Si faltaba un descaro más, la primera reacción a la denuncia fue la negación desde un comunicado, un eterno condimento de este Gobierno. Si a eso se le suma el anuncio de que estaban gestionando la eliminación de las campañas estatales pagadas desde estos perfiles falsos, tenemos una perfecta receta de cómo obstruir la persecución penal que hasta estas horas la Fiscalía de Emiliano Rolón Fernández no ha articulado.
Muchos de quienes planearon –y permitieron hacer– esta sucia campaña, son funcionarios públicos y autoridades que están en el ejercicio de sus funciones, financiados con dinero público. Ellos firmaban las resoluciones de nombramientos y hasta de viáticos de quienes habrían estado operando las páginas denunciadas. Es el caso del ministro Gustavo Villate, y de la viceministra Alejandra Duarte, esta última captada profusamente en imágenes con quienes se sospecha fueron facilitadores extranjeros de la campaña. Las firmas del ministro y la viceministra aparecen estampadas de manera inequívoca.
Los elementos reunidos por nuestro diario han confirmado el peor de los escenarios: como mínimo los ataques tuvieron la concesión de autoridades del MITIC. Como máximo, también era de conocimiento del entorno presidencial: las contradicciones de Santiago Peña sobre el papel jugado por el “militante” Juan “Jimmy” Villaverde, desmentidas no solo por entrevistas suyas sino además por documentaciones obtenidas, revisten extrema gravedad. En ellas se confirma que Villaverde no era un “militante” cualquiera: está probado que llegó a integrar la nómina de la binacional Yacyretá, y que pasó posteriormente a prestar servicios en MITIC. El Presidente de la República habría, cuando menos, incurrido en desaciertos, ya que hay pericias informáticas que comprueban claramente que hasta el carnet digital para operar en la Presidencia fue tomado en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga.
Como sinvergüencería adicional, TODAS las páginas utilizadas para los ataques ya fueron eliminadas mientras la Fiscalía se decidía a investigar las denuncias presentadas. Han borrado todo, incluyendo las pruebas de que desde esos dominios se pagaron publicidades estatales como es el caso de Che Róga Porã, Sumar y Hambre Cero, entre otros. Hoy se sabe que agencias extranjeras, desde Argentina y Colombia, contribuían a borrar las huellas de los certeros ataques.
Pese a la contundencia de indicios de violación de la ley, que podrían configurar hechos como difamación, calumnia, injuria, lesión de confianza, frustración de persecución y ejecución penal, usurpación de identidad, producción de documentos no auténticos, sin ningún disimulo, el fiscal general, Emiliano Rolón, volvió a lavarse las manos el 29 de mayo pasado. Tal cual ya lo hizo con las denuncias sobre el patrimonio de Peña, envió el pedido de análisis… ¡a la Contraloría! Investigaciones que deberían ser ejecutadas por la fuerza de la ley y con pericias informáticas por parte del Ministerio Público han ido a parar al ente de control gubernamental. Es hasta simpático imaginar cómo podría la Contraloría indagar documentaciones del Ministerio cuando no consiguen ni siquiera documentos de una pequeña municipalidad del interior del país como lo es la de San Bernardino, que negó el informe sobre la propiedad del Presidente.
Sin la investidura que otorga la ley a un fiscal para reclamar documentaciones, los auditores no llegarán a ningún puerto. O sí: directo al oparei. La Contraloría no deja de ser un ente de control público gubernamental encargado de fiscalizar, supervisar y proteger el patrimonio y los recursos públicos “para garantizar su uso eficiente, transparente y legal para beneficiar a toda la sociedad”.
Esta campaña desatada desde el poder no es solamente sucia. Sería ilícita, y han cometido toda clase de violaciones de la ley en perjuicio de personas e instituciones que afrontaron ataques organizados sin posibilidad de articular defensa para protegerse. Destapada la podredumbre, que llega cuando menos al propio MITIC, y aparentemente también a Mburuvicha Róga, solo queda la esperanza de que algún fiscal valiente busque que se haga justicia.