Duele decirlo, pero algunos resultados de los comicios internos simultáneos sugieren que los indicios de corrupción son tolerados por buena parte del electorado, aunque el asunceno Óscar “Nenecho” Rodríguez y el clan chaqueño de los Adorno, así como el esteño de los Zacarías Irún, hayan sufrido claras derrotas. Ciertamente, el exintendente capitalino fue castigado con dureza, pero no ocurrió lo mismo con muchos de los ediles que apañaron sus desmanes; el aparato cartista no les soltó la mano y es probable que varios de ellos sean reelectos el 4 de octubre, aunque pueda suponerse que el votante capitalino esté bien informado.
Lo mismo cabría decir del electorado en general, en lo que a los asuntos comunales respecta: los males están a la vista y, sobre todo en los municipios pequeños y medianos, no cuesta mucho saber quién es quién ni percibir los frutos del enriquecimiento ilícito de intendentes y concejales. Sin embargo, los colorados resolvieron, por ejemplo, que los intendentes Tomás Olmedo (Ñemby), Hernán Ysidro Rivas (Tomás Romero Pereira), Emigdio Ruiz (San Bernardino) y Guido González (Lambaré) han hecho méritos para aspirar a la reelección, pese a sus lamentables desempeños que en más de un caso roza el Código Penal. Con toda certeza, ese voto de confianza nada tuvo que ver con sus respectivas actuaciones públicas, sino con cuestiones ajenas al buen gobierno municipal.
Por otra parte, hay que admitir que el clientelismo está bastante arraigado en nuestra cultura política. Puede decirse que resulta favorecido por la falta de servicios públicos como consecuencia de la corrupción, la ineptitud y la negligencia imperantes en el aparato estatal: muchos compatriotas se sienten agradecidos por el “favor” que el “caudillo” partidario les dispensa al donarles un remedio que falta en el centro de salud, paradójicamente debido a la pésima gestión del correligionario responsable. No pocas veces también la dádiva del jefe partidario consiste en un ataúd.
En cuanto al nepotismo, no serían pocos quienes se niegan a repudiarlo porque lo interpretan más bien como un signo encomiable de generosidad y amor a la familia. Por lo demás, tampoco faltarían los que creen que robar a una abstracta entidad pública no es tan condenable como desvalijar a una persona física: se ha dicho que muchos hasta creen que quien no se aprovecha del cargo es un “výro” (tonto) o flojo. Por supuesto, no se debe olvidar el influjo del dinero en unas elecciones: hay que montar un equipo provisto de vehículos para trasladar a los electores, sin olvidar que la compraventa de votos es una triste realidad. Se ha escuchado también decir que el poder económico del cartismo, en fin, es un factor muy importante y si a ello se suman los recursos humanos y materiales de la administración pública, ocurre que la logística del oficialismo es considerable.
Por otra parte, la inventiva a la hora de manipular resultados electorales puede ser considerable, como lo demostró cierto senador que tomó en “alquiler” cédulas de identidad de afiliados a otro partido, para restarle votos el día los comicios. La oposición no debería dejarse engañar por las discordias coloradas: el “abrazo republicano” ya se ha dado en Asunción y puede prolongarse más allá de las elecciones municipales. En otros términos, debe conquistar al electorado con sus propios méritos, para lo cual debería hacer las cosas bien y darlas a conocer.
Tendría que esforzarse, pues, por mejorar su perfil, sin especular con una hipotética división colorada; sus intendentes, gobernadores y legisladores podrían contribuir a ello, haciendo simplemente lo que deben: cumplir en buena forma con sus respectivas obligaciones frente a la ciudadanía como un fin en sí mismo. En verdad, hay mucho que hacer para desmentir aquello de que “más vale diablo conocido que santo por conocer“, en el Gobierno nacional.
De lo que se trata, en fin, es de convencer al electorado de que se puede y se debe gobernar mucho mejor, teniendo en cuenta el bien común, sin privilegiar a nadie ni incurrir en malversaciones. La ciudadanía debe convencerse de que tiene derecho a que los fondos públicos, proporcionados por ella, reviertan en su bienestar. Lo que parece obvio no lo es tanto para muchos compatriotas que siguen votando por sus verdugos, como si estuvieran condenados a padecer los efectos de la corrupción, la ineptitud y la desidia. Es una situación que debe cambiar.