El ministro de Educación y Ciencias y presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Luis Ramírez, reveló que 250 títulos falsos de docente fueron detectados tras una auditoría interna realizada en el MEC por recomendación del Ministerio Público y tras crearse en 2024 el Registro Único de Estudiantes de la Educación Superior. Según dijo, sus poseedores “de alguna manera consiguieron un trabajo”, incluso en escuelas públicas. Es más, estarían involucrados incluso funcionarios y supervisores del propio ministerio. Hubo quienes simplemente habrían comprado diplomas inauténticos, en tanto que otros asistieron a clases, abonaron cuotas y hasta presentaron tesis, habiendo sido burlados en su buena fe. El ministro anunció la presentación de una denuncia penal.
En numerosas universidades, según el titular de Educación, habrían carreras sin la habilitación legal. Aunque parezca increíble, tras exigirse la acreditación, ya habrían sido cerradas nada menos que 1.080 carreras universitarias, presuntamente de diversas disciplinas, que carecían de todo rigor académico. La agente fiscal Teresa Sosa, que ya efectuó doce imputaciones en un caso similar, cree que el número de diplomas falsos llega a unos 1.500 y que hay funcionarios que colaboran con la entrega de títulos falsos y su inscripción en las entidades pertinentes. Este nuevo escándalo en materia de títulos académicos, que recuerda el surgido en torno a los famosos “abogados” Hernán Rivas y Orlando Arévalo, indujo a la senadora Blanca Ovelar (ANR, independiente), exministra de Educación, a hablar de una “cultura del engaño”, de que “los títulos falsos tiran por el suelo la imagen del país” y de que “maestros analfabetos van a formar alumnos analfabetos”.
Es palmario que la práctica delictiva comentada incide en la pésima calidad de la enseñanza, reflejada en que siete de cada diez docentes fallan en pruebas de comprensión lectora en los concursos públicos y en que igual porcentaje registra entre los estudiantes el Programa Internacional para el Seguimiento de Alumnos (PISA). El ejercicio fraudulento de la docencia, que ya sería de larga data, afecta el presente y el futuro del país. Por lo demás, es presumible que los títulos académicos falsos no solo estén relacionados con la educación; aparte de que la práctica ilícita de una profesión podría tener consecuencias letales en ciertas áreas, el simple hecho de presentar un título académico ficticio podría servir, por ejemplo, para escalar posiciones y aumentar el salario en la función pública.
El Senado creó una comisión especial para investigar la “mafia de los títulos”, presidida por Patrick Kemper (ANR, cartista), cuyo primo Hans Kemper, candidato a edil luqueño, es investigado por un título de abogado que habría sido expedido en 2017 por la Universidad Sudamericana, alma mater de Hernán Rivas, dos años después de anunciarse el cierre de la carrera de Derecho. Habrá que esperar sus conclusiones.
Entretanto, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, Silvio Piris, afirma que ¡quince mil “docentes” no asistieron a un Instituto de Formación Docente ni a una universidad! Un primerizo, con dos turnos, ganaría 8.500.000 guaraníes mensuales, “cosa que no se gana en el sector público”, según el citado sindicalista. Agregó que habría “universidades” que dan clases una vez a la semana y otorgan títulos en solo dos años, sobre todo en los departamentos de Caaguazú, San Pedro, Alto Paraná, Guairá y Canindeyú. Tal como están las cosas, es penoso que los títulos académicos paraguayos no garanticen en absoluto la idoneidad del portador, empezando por la de un docente.
De hecho, la experiencia enseña que el conocimiento no siempre es indispensable, ni mucho menos, para asegurarse un lugar en el aparato estatal. Empero, es justo y necesario valorar el saber y controlar de cerca la formación y la capacitación de los educadores. Evidentemente, esta obviedad pasa desapercibida: el fraude académico se ha vuelto habitual, debido a la impunidad y al desprecio del intelecto, del que por cierto hacen gala no pocos legisladores.
Es necesario valorar la educación y, por ende, abocarse a controlar de cerca la calidad de la enseñanza impartida a los futuros docentes, aparte de aplicar la ley penal a los delincuentes que atentan contra el futuro de los alumnos. Urge enfrentar con todo rigor la estafa perpetrada bajo el manto de la educación.