Mientras el presidente Santiago Peña proclamaba en el feriado dedicado a conmemorar el Día de la Constitución Nacional, que en el Paraguay se vive “... la democracia más vibrante, pluralista y vigorosa de Sudamérica bajo su vigencia”, la exsenadora Kattya González denunciaba ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que finaliza hoy en Panamá, lo que aparenta precisamente una flagrante violación de nuestra Carta Magna para expulsarla de su cargo, para el que fue votada por 100.000 ciudadanos en las últimas elecciones nacionales. La destitución se realizó a instancias del cartismo, la corriente política dominante del Partido Colorado, en el Gobierno.
El artículo 3 de la Constitución es claro y lapidario: “El Gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, facultades extraordinarias o la suma del poder público. La dictadura está fuera de la ley”. Sin embargo, la realidad paraguaya actual revela un poder político que somete al Legislativo y al Judicial, concentrando un poder que amenaza la esencia republicana.
El caso de Kattya González es emblemático de esta erosión institucional, que contrasta con la “democracia vibrante, pluralista y vigorosa” que proclama el Presidente de la República. En efecto, la exlegisladora fue expulsada del Senado el 14 de febrero de 2024 en una maniobra que violó flagrantemente los principios del debido proceso, establecidos con toda claridad en la Constitución. La resolución se aprobó con apenas 23 votos –una mayoría simple– en una sesión exprés realizada durante el receso parlamentario, ignorando por completo el reglamento interno del Senado, que exige mayorías calificadas y plenas garantías de defensa.
La Fiscalía General del Estado, en un dictamen contundente, declaró inconstitucional la expulsión por violar el principio de legalidad y el derecho de defensa. Sin embargo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en una decisión controvertida, hace unos días rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por González, legitimando así este claro avasallamiento a la voluntad popular expresada en las urnas.
Ministros disidentes destacaron las graves irregularidades cometidas, pero sus votos no alcanzaron para frenar la barbarie no solo de refrendar la arbitrariedad cometida por el Legislativo, sino de exponer a Paraguay a nuevas sanciones internacionales por violación de acuerdos firmados sobre los derechos humanos, esos derechos exaltados precisamente en la Constitución Nacional.
Esta no es una anomalía aislada. El sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo, y puede suponerse también a intereses partidarios, quedó dramáticamente expuesto en la cuestionada reunión clandestina celebrada en Mburuvicha Róga. En ese encuentro secreto, varios ministros de la Corte Suprema se reunieron con el presidente Santiago Peña.
De ese cónclave aparentemente surgieron resoluciones y decisiones judiciales que favorecieron abiertamente al poder político dominante, incluyendo medidas que permitieron mantener control sobre estructuras judiciales clave. Casos anecdóticos abundan: fallos selectivos en causas de corrupción, demoras inexplicables en investigaciones que involucran a figuras del oficialismo, y celeridad en casos de “opositores”, lo que provoca una percepción ciudadana generalizada de una Justicia capturada. Esta dinámica erosiona no solo el artículo 3 de la Constitución, sino la confianza misma en las instituciones republicanas.
Otras violaciones notorias al orden constitucional incluyen la aprobación de leyes a medida, el uso selectivo y politizado del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra opositores, y una Fiscalía que en múltiples ocasiones ha actuado como un brazo ejecutor de agendas políticas en lugar de garante de la legalidad.
Mientras el Gobierno organiza feriados y discursos grandilocuentes sobre patriotismo constitucional, se pisotea sistemáticamente la voluntad popular y los derechos de las minorías parlamentarias. Precisamente, Kattya González, en su viaje a Panamá, lleva la voz no solo propia sino de miles de paraguayos hartos de ver cómo la República se acerca peligrosamente a un precipicio autoritario. Su denuncia ante la OEA no es un acto de traición, como algunos pretenden calificarla, sino un grito de alerta ante el desmantelamiento paulatino de las garantías democráticas.
El Gobierno puede decretar feriados, organizar actos protocolares y pronunciar discursos grandilocuentes, pero la verdadera conmemoración de la Constitución Nacional exige un respeto real y cotidiano a sus instituciones, no su instrumentalización cínica para mantener privilegios. A este respecto, caben perfectamente las palabras del cardenal arzobispo de Asunción, Adalberto Martínez, quien dijo: “No basta con admirar la nobleza de los principios escritos en la Constitución, es necesario que la letra se haga vida.... (los) derechos no pueden permanecer solamente en el papel”.
Paraguay merece una democracia viva, robusta y respetuosa de la ley, no un simulacro donde se celebra la Carta Magna con feriados y actos oficiales, mientras se la viola con maniobras institucionales.