La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, justificó el ajuste del 5% del salario mínimo con el argumento de que ello se vuelve un círculo virtuoso. “El empleado de clase media gasta ese dinero para ir al supermercado, pagar sus cuentas, el internet o el pasaje. La gente consume más, los comercios de barrio se dinamizan y se genera un alivio real en las familias”, señaló. Llama la atención que la persona a cargo de un sector tan importante del Gobierno exprese una visión tan simplista y tan alejada de las características de la economía paraguaya.
Como regla, el aumento de salarios impulsa el consumo, pero ello solamente es válido si se trata del salario real; es decir, del incremento verdadero del poder adquisitivo de las familias. En el caso del ajuste decretado del salario mínimo, el impacto en ese sentido es insignificante y de muy corto plazo, con efectos negativos que exceden largamente los supuestos beneficios inmediatos y poco relevantes para una pequeña minoría.
Según la ministra, la medida alcanza a los asalariados en relación de dependencia, que representan el 47% de la población ocupada del país, pero el dato es incorrecto, porque ese porcentaje incluye a los que ganan más que el mínimo, a los funcionarios públicos, que no están contemplados directamente en el ajuste, a los trabajadores domésticos, que en la práctica no alcanzan el mínimo en su gran mayoría, así como al ejército de trabajadores asalariados, pero informales o semiinformales, empleados en talleres, copetines, comercios y otros, quienes por lo general ganan menos que el básico y no se les ajusta automáticamente o en el porcentaje decretado.
Luego indicó que “hay 352.000 trabajadores que ganan exactamente el mínimo y verán el incremento neto en sus bolsillos, más 200.000 jornaleros que se verán beneficiados en forma automática al reajustarse el pago por día”.
Aun en el caso de que fuera así y que se beneficiaran en lo inmediato unos 552.000 trabajadores, ello supone apenas un 15% de la población económicamente activa. La mayor parte de la fuerza laboral en el Paraguay está compuesta por trabajadores independientes o cuentapropistas, que negocian sus remuneraciones, formal o informalmente, al margen del piso salarial oficial, pero que, como todos, absorben el correspondiente aumento de precios, tributos, tasas y aranceles.
En cuanto a los empleadores, se quiere presentar el asunto como una pugna entre ricos empresarios y sus trabajadores. Sin embargo, a las grandes compañías, donde los sueldos de hecho tienden a ser mejores, la medida les afecta poco y nada, salvo en algunos sectores con mucha mano de obra, pero no es algo que no puedan manejar. El problema es que en el Paraguay, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, el 97% de las unidades productivas son micro y pequeñas empresas. Estos pequeños y muy pequeños empleadores no solamente no recibirán el ajuste, sino que tendrán que pagarlo, lo cual afecta de manera determinante su estructura de costos. En consecuencia, se ven obligados o a contratar en negro por debajo del mínimo, o a prescindir de empleados, o a trasladar el sobrecosto a los consumidores, con lo cual el pretendido impulso del consumo se torna una falacia.
En Paraguay, por las características de su economía, mejorar la condición de los trabajadores no pasa por el salario mínimo. El ajuste concedido, del doble de la inflación del período, no beneficia mayormente a nadie (de hecho los sindicatos lo consideran “una estafa”) ni fortalece el consumo, como dice la ministra, pero sí perjudica a muchos, especialmente a los micro y pequeños empresarios y, en última instancia, a toda la población, que es la que termina pagándolo.
Es cierto que tampoco provocará por el momento ningún descalabro en la economía, pero antes que medidas populistas contraproducentes, lo que el país necesita es una política laboral integral, con énfasis, por ejemplo, en la productividad del trabajo, donde Paraguay ocupa el penúltimo lugar en Sudamérica (excluyendo a Venezuela por falta de datos precisos), solo por encima de Bolivia, según un análisis publicado en ABC Color por la consultora MF, o en la atracción de inversiones intensivas en mano de obra. Es de esperar que el Ministerio del Trabajo ajuste su estrategia en beneficio de todos los trabajadores, no solo de una parte minoritaria de ellos, y del desarrollo nacional.