El agente fiscal Julio Ortiz imputó y pidió al juez la prisión preventiva de Vicente Bataglia y Jorge Brítez, expresidentes del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS). Las mismas medidas fueron solicitadas con respecto a siete funcionarios o exfuncionarios de dicha entidad: Rosa Concepción Colmán, Hugo Enrique Aranda, Juan Manuel Villar López, José Raúl Coronel Acosta, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado. Todos ellos habrían cometido el presunto delito de lesión de confianza en la construcción de unos quirófanos modulares fallidos para el Hospital Central, causando un daño patrimonial de 61.000 millones de guaraníes.
El hecho fue calificado de “histórico” por el director jurídico del IPS, Pablo José Morínigo, y en realidad lo es: no tiene precedentes en la historia de un organismo que a lo largo de las décadas ha sido más bien un botín de los Gobiernos de turno antes que un auxilio confiable para los asegurados. Las investigaciones del Ministerio Público, surgidas sin dudas a partir de la gestión de la actual administración, dirigida por el Dr. Isaías Fretes, se iniciaron con base en una resolución dictada el 11 de abril de 2024 por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que señalaba presuntas irregularidades en una adenda o agregado a un contrato suscrito en 2020 con la firma Neighpart SA (representada por Sandra Yanil Caballero), por una suma inicial de 53.000 millones de guaraníes. Dicha resolución fue comunicada al Ministerio Público por la DNCP.
Hubo otras adendas, ajenas al objeto primario del contrato, según insistió el director jurídico antes citado; ellas habrían permitido a la empresa cobrar por trabajos que no podían realizarse por falta de planeamiento y evaluación de la infraestructura. De hecho, empero, el IPS siguió pagando por obras no realizadas, razón por la que los equipos adquiridos para ser instalados en los quirófanos terminaron arrumbados en un patio del Hospital Central.
Desde luego, las medidas deberían alcanzar también a los consejeros del IPS que avalaron esas enormes erogaciones a todas luces indebidas. Por de pronto, se está en busca de las actas del Consejo de Administración en las que conste el voto de sus miembros al tratarse cada uno de los casos. Ellos no deben quedar impunes si participaron en la comisión del hecho punible de lesión de confianza. El director jurídico antes citado dijo que es muy probable que el IPS promueva una querella adhesiva, es decir, que se sume a la persecución penal emprendida por el Ministerio Público.
Es deseable que así sea para demostrar que no se apañará a nadie y que la actual administración pretende en verdad cambiar el rumbo de un barco que hace aguas por todas partes. La circunstancia de que los asegurados y sus familiares pasaban las de Caín para ser atendidos, mientras desde el Consejo de Administración se cometían gravísimas irregularidades, revela que allí reinaba una bajeza moral e intelectual que impedía tener conciencia del eventual delito. La rigurosa aplicación de la ley debe servir para que en el IPS se tome nota de que es repudiable causar un severo daño patrimonial a la institución y no precisamente por simple ineptitud.
Se espera que el Dr. Isaías Fretes siga empeñado en la necesaria tarea de limpiar la casa a fondo, cueste lo que cueste: están en juego el dinero y hasta la vida de los asegurados. Se ofrece ahora la ocasión de emprender un saneamiento radical que ponga fin al drama cotidiano de miles de asegurados indefensos, cuyos representantes en el Consejo de Administración han venido tolerando, por decir lo menos, que los aportes obrero-patronales sean objeto de la corrupción desaforada.
La entidad previsional no debe continuar siendo pasto de una rapiña incesante. Ya no da para más: hay que regenerarla con inteligencia para tomar las medidas necesarias y con valentía para vencer las previsibles resistencias. A fin de impedir que esta calamidad se perpetúe, es imperioso que los autores de ilicitudes diversas, como la que acaba de salir a la luz, reciban la condigna sanción prevista en el Código Penal. El director jurídico del IPS dijo que se está viendo ya “no solo la punta del iceberg” (¿de la corrupción?), sino también el cuerpo. Sin duda, aún falta mucho para verlo por entero, pero lo ocurrido ahora ya supone un buen inicio, que abre una esperanza de que, por fin, la diosa Astrea entrará realmente a hurgar en un feudo nauseabundo que, según todos los indicios, estuvo por tantos años al servicio de la rapiña, de la indiferencia y de la negligencia. Sin dudas surgirán fuertes presiones de intereses creados, pero es de desear que las mismas sean superadas para acabar con el sufrimiento de los aportantes y sus familiares.