La Contraloría General de la República no es un botín de guerra. Es, o debería ser, el último dique de contención entre el erario público y la impunidad. Su función es auditar con rigor a los ministerios, a las municipalidades, a las gobernaciones y a cada ente que administra el dinero de los paraguayos. Cuando esa institución se debilita, se debilita la República entera.
Sin embargo, lo que se observa en el Senado es otra cosa. Las audiencias se desarrollaron con bancas vacías, preguntas tibias y un desinterés que rayaba en el desprecio. El proceso, más que una evaluación seria de capacidades, parecía un trámite ritual cuyo resultado ya está escrito.
Y ahora, para que no quede ninguna duda sobre el verdadero espíritu que anima a la mayoría oficialista, el senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, lo dijo sin rodeos: el contralor y el subcontralor “tienen que ser colorados”.
No se trata de una opinión aislada ni de un desliz. Chase lo formuló con claridad y con orgullo: “Tenemos todo el derecho de reclamar ese espacio. El contralor y el subcontralor tienen que ser colorados; yo creo que así tiene que ser y es lo que voy a defender”. Desestimó de plano la tradición –y el sentido institucional elemental– de que los órganos de control no pueden ser mera extensión del poder que deben fiscalizar.
Para él, una vez cumplidos los requisitos formales, todo se reduce a una “decisión política”. Como si el control del dinero público fuera solo otro espacio más a repartir entre amigos, y lógicamente, controlar solo lo que conviene controlar.
Esa declaración no es solo cínica. Es peligrosa. Porque revela una concepción del Estado en la que el poder no se limita: se coloniza. Donde la independencia no es un valor, sino un estorbo. Donde el contralor no es un servidor de la República, sino un funcionario dócil cuya principal virtud es no incomodar al oficialismo.
Paraguay ya conoce demasiado bien las consecuencias de esa lógica. Años de contralorías débiles, informes diluidos, miradas hacia otro lado cuando los escándalos involucran al poder de turno.
Casos recientes –desde el uso cuestionado de fondos públicos hasta las debilidades fiscales que se esconden detrás de calificaciones internacionales– demuestran que el control efectivo no es un lujo retórico. Es una necesidad urgente para la salud democrática y económica del país.
Un contralor independiente no es un adversario del Gobierno. Es un aliado de la República. Su mandato no consiste en hostigar por hostigar, sino en garantizar que cada guaraní se utilice conforme a la ley y al interés público. Cuando esa función se somete al color partidario, se convierte en ficción. Y una democracia que tolera la ficción del control es una democracia que camina hacia la impunidad institucionalizada.
Chase sostiene que existen colorados capaces de hacer el trabajo “con buena calidad”. Puede que los haya. Pero la calidad técnica no es el problema. El problema es la lealtad política elevada a criterio de selección. Porque quien debe su cargo a la mayoría oficialista difícilmente tendrá la independencia para investigar a fondo cuando los hallazgos apunten hacia sus propios correligionarios. La historia reciente lo demuestra con creces.
La ciudadanía tiene derecho a algo más que un nombre impuesto por la bancada colorada. Tiene derecho a un contralor que no tema publicar hallazgos sin maquillaje, que rinda cuentas ante la sociedad y no ante un partido, que entienda que su legitimidad no proviene del color de la bancada que lo eligió, sino de la seriedad con que ejerce su función.
El Senado todavía está a tiempo. Puede elegir por mérito, por trayectoria y por independencia demostrada. O puede, una vez más, optar por la comodidad política y el acomodo de lealtades. Si elige lo segundo, no solo defraudará a la ciudadanía: confirmará que en Paraguay las instituciones de control siguen siendo, en el fondo, una ficción convenientemente disfrazada de democracia.
El país necesita un contralor fuerte. No un funcionario dócil. La diferencia entre uno y otro puede determinar si el control del poder es real o apenas un discurso vacío. ¿Defensores o verdugos de la democracia? El tiempo –y la decisión que tome el Senado– lo dirá.