Está a la vista que los gobiernos comunales no se destacan por su buen desempeño. Las graves carencias en cuanto a servicios e infraestructuras derivan de la ineptitud, la negligencia, el derroche y –no por último– la corrupción. En general, podría decirse que ni los intendentes ni los ediles de la gran mayoría de los 263 municipios están a la altura de sus respectivas funciones, para desgracia de los vecinos que deben habitar en unas ciudades sucias, con calles destrozadas y plazas en estado de abandono. En algunas del departamento Central existe hasta el serio riesgo de ser arrastrado por un raudal.
En su gran mayoría, los males son tan conocidos como los “políticos” que buscan ocupar un cargo electivo municipal. Por eso mismo, es lamentable que los votantes no suelan tener buen tino en las urnas: eligen y hasta reeligen a quienes deberían causar vergüenza ajena, por sus notorias limitaciones éticas e intelectuales. El clientelismo y el partidismo siguen vigentes, a costa de la calidad de vida de los mismos pobladores, que no parecen advertir el engaño acostumbrado para satisfacer ambiciones personales.
Un par de ejemplos servirán para ilustrar el gravísimo problema, por así llamarlo: Marcos Benítez (ANR, cartista) quiere seguir siendo intendente de Coronel Oviedo, sin haber informado del presunto uso de 5.518 millones de guaraníes recibidos en concepto de royalties y otras compensaciones; Milciades Arce (PLRA, “amarillista”), quien busca la reelección como intendente de Paso Barreto, habría incurrido en la misma omisión con respecto a 1.818 millones de guaraníes recibidos del erario desde enero hasta mayo últimos; Hernán Ysidro Rivas (ANR, cartista) –salvado en 2023 de un pedido de intervención– quiere seguir gobernando el municipio de Tomás Romero Pereira: fue denunciado en 2024 por un presunto desvío de 2.000 millones de guaraníes; Tomás Olmedo (ANR, Fuerza Republicana) aspira a continuar al frente de la municipalidad de Ñemby, estando encausado por dos presuntas lesiones de confianza: una por 700 millones de guaraníes y otra por 4.000 millones.
Como es obvio, los citados ganaron las respectivas elecciones internas, lo que implica que sus correligionarios habrían estado conformes con su desempeño. Un caso curioso es el de la muy estropeada ciudad de Mariano Roque Alonso: la exintendenta Carolina Aranda (PLRA), que en el primer semestre de este año destinó 15.281 millones de guaraníes a gastos corrientes y solo 2.707 millones a construcciones, según activistas anticorrupción, podría ser reemplazada por su marido y correligionario, el diputado Marcelo Salinas. Al frente de la municipalidad está hoy su cuñada, la edil Mirtha Salinas (PLRA): un claro ejemplo de “amor a la familia”. Por su parte, si algo bueno se puede afirmar del intendente asunceno Luis Bello (ANR, cartista) es que al menos no ha tenido el descaro de volver a postularse como concejal.
En consecuencia, es de esperar que los comicios venideros arrojen mejores resultados que los de 2021, en homenaje a la decencia y a la eficacia en la gestión comunal. Desde luego, la municipalidad de la capital del país no debe seguir siendo un teatro de “terribles prácticas ilegales” ni un botín para el enriquecimiento ilícito. Está en manos del electorado decidir si quiere continuar sufriendo penosas experiencias urbanas o si prefiere liberar el “voto cautivo” de las garras de sinvergüenzas de tomo y lomo.
Quienes resulten elegidos –intendentes y ediles– deben ser vigilados por los vecinos para que no crean haber recibido de ellos una suerte de carta blanca para hacer y dejar de hacer lo que les venga en gana: si confiar es bueno, controlar es mejor, aunque pueda disgustar a los dignatarios comunales ensoberbecidos. Sin duda, los paraguayos de bien merecen intendentes y ediles mucho mejores que los padecidos en los últimos años.