Hay una niebla que no se disipa con el sol ni con los comunicados oficiales. Tejida con algoritmos, pautas millonarias y perfiles que aparecen y desaparecen como fantasmas. Se llama Despierta Paraguay. Y detrás de ese nombre, según las investigaciones de ABC Color, aparentemente existe una red sembrando odio, desinformación y ataques sistemáticos contra periodistas, medios independientes y voces críticas del poder.
Durante años, esta página y otras similares, habrían pagado más de 2.900 millones de guaraníes, casi medio millón de dólares, en anuncios digitales. El 69% de los ataques en YouTube apuntaron a la prensa libre. En Meta, casi la mitad. Imágenes generadas con inteligencia artificial, videos cargados de veneno, calumnias repetidas hasta el hartazgo.
Todo para desprestigiar, silenciar e intentar sembrar dudas. Y, al mismo tiempo, para ensalzar programas oficiales: Hambre Cero, Che Róga Porã, Sumar. Propaganda blanca de un lado. Artillería negra del otro. Misma agencia, mismos canales, mismo ecosistema.
El Gobierno, a través del Mitic, se desmarcó con contundencia: “no hay contrato, no hay relación, no hay un solo centavo público”. Sin embargo, tras salirse a la luz el caso, las pautas desaparecieron del Centro de Transparencia de Google. Las cuentas se borraron una a una. El rastro se hizo más tenue, pero no desapareció del todo.
Ahora llega un nuevo capítulo. Yecika Bracho, la ciudadana venezolana cuyo nombre y cédula aparecen vinculados al registro del dominio y a la línea telefónica usada por Despierta Paraguay, ha decidido colaborar. Firmó un acuerdo de conciliación. Entregó su celular para peritaje, chats de WhatsApp, registros de llamadas y documentos contables.
Según su testimonio, operaban “a distancia”: una notebook encendida las 24 horas en una oficina sobre la calle O’Leary, conectada a una VPN para simular presencia en Asunción. Le pidieron comprar chips prepago a cambio de un “incentivo” de 50 dólares. Una de esas líneas se convirtió en el nervio digital de la campaña.
Las pistas, siempre según las investigaciones periodísticas y los elementos aportados en la causa, apuntarían hacia la agencia argentina Azafrán SA y, a través de ella, hacia el entorno de la actual viceministra de Comunicación del Mitic, Alejandra Duarte.
Coincidencias de direcciones, de vínculos profesionales previos, de personas que se movían en el mismo círculo. Coincidencias que aún no son prueba judicial definitiva, pero que levantan un velo demasiado pesado para ser ignorado.
Pero lo que no puede resolverse con silencios ni con negaciones es el ataque frontal que esta maquinaria representa contra las bases mismas de la democracia. Porque aquí se confunde, de manera deliberada o por omisión, la libertad de expresión con la desinformación organizada.
La libertad de expresión es el derecho sagrado a opinar, a disentir, a criticar el poder sin miedo. La desinformación sistemática, financiada, pautada y dirigida contra comunicadores críticos y ciudadanos que cuestionan al Gobierno es otra cosa: es una operación que envenena el debate público y priva a la ciudadanía de la información veraz que necesita para decidir libremente.
No se pretende censurar. Nadie que defienda la democracia pide que se cierren bocas ni que se prohíban opiniones. Se exige, en cambio, una justicia implacable ante la responsabilidad ulterior. Que quien difunde calumnias, quien orquesta campañas de descrédito y quien eventualmente las financia –con recursos privados o, peor aún, con recursos públicos– rinda cuentas. Que el anonimato deje de ser un escudo. Que la mentira reiterada y pagada no se disfrace de “opinión”.
Cuando se ataca sistemáticamente a los comunicadores críticos y se ensalzan, con la misma máquina, las obras del poder, se le priva al ciudadano algo más profundo que una noticia: se le impiden el derecho y la posibilidad de formarse un juicio informado. Se le condena a vivir en una realidad distorsionada, donde el ruido reemplaza al dato y el odio suplanta al argumento. Y una democracia que permite que sus ciudadanos decidan a ciegas no es una democracia plena: es un simulacro.
Despierta Paraguay no es solo una página. Es un síntoma de una tentación antigua y peligrosa: controlar el relato no con la fuerza de las ideas, sino con el volumen del ruido y el peso del dinero. Una tentación que recuerda épocas más oscuras, cuando el Estado tenía su propio órgano de propaganda y la disidencia se pagaba cara. Hoy el órgano se llama red social y el “fusilamiento” es digital, pero el objetivo sigue siendo el mismo: acallar y confundir.
La verdad, sin embargo, tiene una obstinación particular. Puede ser enterrada bajo toneladas de anuncios, puede ser diluida en comunicados, puede ser perseguida por trolls. Pero tarde o temprano sale a la superficie, traída por periodistas que no se rinden, por abogados que no se callan, por valientes testigos que deciden colaborar, o por empresarios que se niegan a ser calumniados en silencio.
Que las investigaciones avancen hasta el fondo. Que cada centavo sea rastreado. Que cada vínculo, real o aparente, sea esclarecido sin contemplaciones. Que nadie, desde el más alto cargo hasta el último operador de redes, se sienta protegido por el anonimato o por el poder.
Porque si la democracia tolera que se financie el odio y se confunda la libertad con la mentira organizada, entonces no estamos gobernando un país: estamos administrando una farsa.
Y las farsas, por más costosas y sofisticadas que sean, siempre terminan cayendo.