Hay hilos que, por más que se escondan bajo carpetas, direcciones compartidas y chips prepago, terminan por dibujar un mapa. Y en ese mapa, todas las rutas parecen conducir al mismo patio trasero: el de una agencia que, aparentemente, nació del corazón del holding cartista y que, años después, sigue proyectando su sombra sobre la política que hoy gobierna.
Prana no es una agencia cualquiera. Surgió del departamento de marketing de Tabacos del Paraguay, empresa del Grupo Cartes. Creció, se profesionalizó y se convirtió en la máquina de comunicación que diseñó la estrategia digital de la campaña que llevó a Santiago Peña a la presidencia.
En 2018, cuando aún se gestaba el poder que hoy se ejerce, Prana anunció con bombos y platillos su alianza con la argentina Azafrán. La directora digital de entonces, Alejandra Duarte Albospino –hoy viceministra de Comunicaciones del Mitic– fue la cara visible de ese matrimonio de conveniencia. Misma oficina en O’Leary 966. Mismos círculos. Misma lógica de “operar a distancia”.
Hoy, los chats y audios entregados por Yecika Bracho –la venezolana que figuraba como titular de las líneas usadas por Despierta Paraguay– revelan el paso a paso de cómo desde Azafrán se ordenaba la compra “urgente” de chips, se usaba a prestanombres y se ejecutaban anuncios de ataque.
La misma Azafrán que, según los registros y los testimonios, mantuvo vínculo operativo estrecho con Prana en los años clave. La misma dirección. Las mismas personas moviéndose entre un lado y el otro de la puerta.
No se trata de coincidencias pintorescas. Se trata de una estructura que, según las investigaciones periodísticas (porque la fiscalía duerme en brazos de Morfeo), invirtió casi tres mil millones de guaraníes en una red de páginas dedicadas, en buena medida, a intentar destruir reputaciones de periodistas, empresarios y voces críticas.
Casi el 70% de los ataques apuntaron a la prensa libre e independiente. Mientras tanto, con la misma maquinaria, se promocionaban programas oficiales. Propaganda blanca y artillería negra aparentemente compartiendo billetera, o al menos compartiendo operadores.
Y aquí llega la pregunta que no puede seguir diluyéndose en comunicados de desmarque: ¿de dónde salió el dinero?
Porque si Prana es del ecosistema Cartes, y Cartes sigue siendo figura influyente de la política actual, entonces el origen de esos fondos no es un detalle administrativo. Es el nudo que hay que desenredar.
No basta con decir que el Estado no firmó contrato con Digimarketing o con Azafrán. Hay que rastrear cada centavo, cada transferencia, cada “incentivo” de cincuenta dólares por un chip. Hay que saber si el dinero que financió la campaña sucia salió de cajas privadas del poder económico que sostiene al poder político, o si, de alguna manera, transitó por cauces públicos.
La democracia no puede convivir con una niebla pagada. Cuando se compra el silencio de la verdad y se subvenciona el ruido de la calumnia, no solo se ataca a periodistas: se ataca al ciudadano que necesita información limpia para decidir. Se convierte el debate público en un campo minado de mentiras pautadas. Y se le dice al pueblo, con hechos más elocuentes que cualquier discurso, que el poder tiene derecho a envenenar el pozo del que todos beben.
Los nuevos elementos que van surgiendo –los chats, los audios, la entrega del celular, el testimonio sobre quien o quienes operaban “a distancia”– no permiten más dilaciones. La Fiscalía tiene ante sí una causa que, de confirmarse los vínculos, podría configurar algo mucho más grave que una simple calumnia privada: una operación sistemática de desinformación con posibles recursos de origen espurio. El Congreso ya ha pedido informes. La sociedad, cada vez más, exige respuestas.
Es momento de exigir que se enciendan las luces. Que se esclarezcan, con la urgencia que merece un escándalo de esta magnitud, de dónde provenían los fondos que alimentaron la red desinformante. Porque mientras esa pregunta quede sin respuesta, la sospecha seguirá creciendo como una planta venenosa en el jardín de la República.
Todos los caminos, se dice, conducen a un quincho. Pero el quincho, por más discreto que sea, no puede seguir siendo el lugar donde se decide en silencio el envenenamiento de la palabra pública. Es hora de abrir las puertas, de revisar los libros y de nombrar, sin eufemismos, de dónde salió el dinero que pagó a sicarios que buscaron desacreditar a aquellos que se atrevieron a mirar de frente.
La verdad no necesita pautas millonarias. Solo necesita que dejen de ocultarla. Y que, de una vez, se diga con claridad: ¿quién pagó la campaña sucia?