La evidente crisis del sistema sanitario ha hecho que algunos capitostes del oficialismo adviertan que es imperioso eliminar en verdad los gastos superfluos del Presupuesto nacional, no menos opuestos al bien común que la corrupción lisa y llana. Hace unos días, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, habló de “buscar en qué lugar se puede cortar la grasa” presupuestaria para atender la salud pública. Todo indica que la tarea no sería muy difícil, porque los lugares abundan, incluso en el órgano que él preside y donde ha firmado la incorporación de varios funcionarios sin concurso, con lo que el nepotismo se hizo carne con su aprobación.
Poco después, tras los festejos ayer de un nuevo aniversario de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, habló también de “cortar la grasa” en el Presupuesto nacional de 2027, para destinar fondos adicionales a la sanidad. El segundo del Poder Ejecutivo ya sabe por dónde empezar: por el Congreso, cuya Cámara de Diputados llegó a presidir entre 2019 y 2022, sin haber denunciado derroche alguno.
Hasta el senador Basilio Núñez, presidente del Congreso, cree ahora oportuno admitir la posibilidad de reducir o redireccionar los desembolsos presupuestarios, atendiendo, por ejemplo, las demandas salariales de los médicos del sector público. Nunca antes se le había ocurrido que los gastos innecesarios abundan, empezando por el propio Congreso: tiene 780 funcionarios y contratados, sin incluir a los que prestan servicios en cada una de las dos Cámaras. Bajo su presidencia, se creó el cargo de “especialista”, con un sueldo de entre G. 8 y 22 millones. El senador dijo que “no podemos vestir a un santo para desvestir a otro” (sic), pues de pronto detectó que los legisladores deben cuidar que el uso del dinero de los contribuyentes no cause un daño. En verdad, “desvestir” a quienes ocupan cargos superfluos no conlleva ningún perjuicio para el país, sino todo lo contrario.
También el senador Gustavo Leite, a su regreso de los Estados Unidos: propuso un importante recorte de 400 millones de dólares en gastos superfluos para comprar medicamentos y mejorar los salarios de médicos y enfermeros. “Cada guaraní que hoy se va en viajes, bocaditos y publicidad, puede ser un medicamento; elegimos a la gente, no a la burocracia”, dijo. Su elección es plausible.
Es bueno que hoy vean la luz quienes han venido aprobando Presupuestos llenos de erogaciones prescindibles. Ojalá que su revelación súbita se traduzca en hechos y que el de 2027 refleje la aparente toma de conciencia. El Estado obeso tiene que perder la “grasa” constituida, sobre todo, por los 345.646 cargos estatales de hoy. Es mucho lo que se debe recortar, atendiendo el interés general y no el de los “servidores públicos”, que se sirven a sí mismos, para mal de la población. Cuando se habla de gastos superfluos, suelen mencionarse, con toda razón, los viajes de hecho turísticos, los apetitosos “bocaditos” o los “seguros VIP”, pero es de subrayar que el mayor despilfarro está asentado en las muy extensas planillas de sueldos.
La Reforma del Estado, hoy olvidada sin pena ni gloria, pese a que la Secretaría de la Función Pública integra el Ministerio de Economía y Finanzas, es una tarea pendiente. Falta la consabida “voluntad política”, por la simple razón de que el clientelismo es una práctica muy arraigada. Vivir del Estado, sin trabajar mucho, se ha vuelto el sueño de no pocos ciudadanos, lamentablemente. Hacerlo realidad, a costa de las agudas necesidades en materia de salud y educación públicas, implica traicionar a la gran mayoría. Es hora de optar por el país, entre otras cosas, cortando la “grasa” del Presupuesto nacional.