El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, pidió no ceder ante el reclamo de los médicos, que piden un aumento salarial indiscriminado del 76%, no solamente porque ello implicaría una carga sumamente pesada para el fisco, sino porque inmediatamente se sumarían otros sectores, que buscarían aprovechar el período electoral durante el tratamiento del Presupuesto 2027, lo cual abriría “un grifo sin control”. De hecho, los docentes, por ejemplo, ya adelantaron que preparan movilizaciones y huelgas por un reajuste general del 8%.
Lovera dijo que la intensificación de este tipo de coerciones sectoriales es típica del “famoso tercer año”, cuando se reinicia el proceso político-electoral con las elecciones municipales, seguidas por las internas para la carrera presidencial y del Congreso, lo que lo hace particularmente complejo para todos los gobiernos.
Recordó el Presupuesto 2012, tratado en las cámaras en el tercer año de Fernando Lugo, en el que se aprobó un aumento salarial general de más del 30% y se perdió para siempre el superávit fiscal, con un costo permanente de 800 millones de dólares anuales, más lo que se le fue agregando posteriormente. El gasto en servicios personales pasó del 46% al 86% del total de las recaudaciones tributarias.
Pero si ya se sabía que al tercer año, por la dinámica del proceso político y el desgaste del Gobierno, se iba a enfrentar esta situación, ¿por qué no se hizo a tiempo algo al respecto? Ahora los congresistas, incluyendo a los exponentes del ala más dura del oficialismo, piden al Gobierno “cortar la grasa” para redirigir fondos a Salud Pública, pero hace muy poco pusieron el grito en el cielo cuando se habló de economía de guerra y no se conoce que hayan colaborado en lo más mínimo con la racionalización del gasto público, sino todo lo contrario.
No obstante, el principal responsable es Santiago Peña, quien, por Constitución, ejerce personalmente el Poder Ejecutivo y la administración del Estado.
Inició su gobierno solicitando y obteniendo una reprogramación del cronograma de convergencia del déficit fiscal, alegando que su antecesor había maquillado la contabilidad estatal al no considerar deudas impagas con proveedores y contratistas por 600 millones de dólares. Se le autorizó una emisión adicional de bonos del Tesoro para ponerse al día, con la promesa de que se retornaría al tope del 1,5% del PIB previsto en la ley de responsabilidad fiscal en el año 2026. No solamente no cumplió, sino que ahora las deudas vencidas ya no son de 600 millones, sino de 1.300 millones de dólares.
Asimismo, prometió un programa de reformas estructurales justamente dirigido a racionalizar el gasto corriente (“cortar la grasa”) para redireccionar recursos a los sectores prioritarios, como salud, educación e infraestructura. Supuestamente, se iban a fusionar entes para evitar superposiciones, se iba a minimizar la corrupción en las contrataciones públicas y se iba a instituir la carrera del servicio civil para establecer escalafones, premiar a los buenos funcionarios, permitir el ingreso únicamente por méritos y apartar a los planilleros, operadores y a los de bajo desempeño. Solo se terminaron aprobando leyes “light” que no han surtido efectos palpables, como lo prueba el hecho de que el costo de la burocracia estatal no ha disminuido, ni en términos absolutos ni relativos, y se siguen negociando aumentos indiscriminados.
El Gobierno no cumplió sus promesas pese a haberle tocado condiciones inmejorables, con un ciclo de crecimiento económico sostenido, récord en recaudaciones, fondos extras de Itaipú por diferencia tarifaria y ausencia de grandes emergencias nacionales. Sin embargo, hoy las finanzas públicas están peor que antes. El proyecto de Presupuesto 2027 es el mayor de la historia, con 25.751 millones de dólares, 11% mayor que el vigente, más del triple de la inflación, sin contar con lo que se va a agregar en el Congreso. El déficit nominal proyectado es del 3,9% del PIB, lo cual también es dudoso, porque se estimó un tipo de cambio de 6.458 guaraníes por dólar que muchos consideran irreal.
Si Santiago Peña hubiese hecho bien los deberes, con casi 26.000 millones de dólares de presupuesto habría podido encarar con holgura la última etapa de su gobierno. O estuvo muy mal asesorado o no quiso escuchar, pero desaprovechó un tiempo precioso, en detrimento del país.