El viernes último, el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR, cartista) firmó un contrato colectivo de trabajo con los representantes de tres organizaciones sindicales que aglutinan a los asalariados de la Municipalidad. Otras seis, lo repudian. Es presumible que el acuerdo, cuyo contenido aún se ignora, sea aprobado por los concejales hoy 23 o el 30 de septiembre, es decir, días antes de los comicios municipales del 4 de octubre.
No sorprende que miembros del gabinete del propio intendente hayan dicho que las negociaciones previas se realizaron bajo la amenaza de huelga por parte de la dirigencia gremial y las órdenes impartidas por el comando político del cartismo. Desde luego, se trataba de un implícito chantaje; es decir, si no se accedía a las demandas de los más de 9.000 funcionarios y contratados, 3.000 de los cuales serían prescindibles, esos “operadores políticos” se cruzarían de brazos, antes y durante las elecciones, para mal de los candidatos de la ANR.
Julio Fernández, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados, quien aplaudió el fraudulento balance general de 2025, tuvo el descaro de afirmar que era “el momento más oportuno para firmar el documento, porque posterior a las elecciones viene un intendente o intendenta que no conoce el municipio (sic)”. Convendría, pues, presentarle un hecho consumado.
El intendente –exfuncionario municipal– estuvo de acuerdo. Según dijo, quiso dar a los asalariados “reglas claras, seguridad y tranquilidad para cumplir con su trabajo”. Para ello era necesario, según parece, atar las manos del intendente y de los ediles a ser elegidos en breve, aunque el nuevo contrato suscrito implique la violación de la Ley Orgánica Municipal, que prohíbe gastar en servicios personales más del 60% de los gastos corrientes ejecutados.
El año pasado, la Municipalidad asuncena destinó al pago de salarios 728.323 millones de guaraníes, quince veces más de lo invertido en obras. Al parecer, en su enorme mayoría, los beneficiarios fueron instalados en el Presupuesto por el solo hecho de estar afiliados a la ANR y contar con el padrinazgo de rigor. En efecto, el factor político-partidario incide en gran medida en los gastos de personal, según surge también de que 16 presidentes de seccionales coloradas capitalinas, que ocupan cargos administrativos y electivos, cuestan a los contribuyentes asuncenos 2.402 millones de guaraníes anuales.
Por si todo fuera poco, el “internismo” partidario llega también al Palacete Municipal: siendo precandidato el hoy aspirante a intendente Camilo Pérez (ANR, cartista) fue recibido con toda solemnidad por el jefe de la Policía Municipal de Tránsito, Rodrigo Delvalle, y sus agentes, en posición de firmes. Los sindicalistas que firmaron el acuerdo se salieron con la suya, sin que a Luis Bello le molestara.
El partido está por encima del interés de los vecinos: miles de asalariados municipales son superfluos y, por ende, contrarios al buen gobierno, pero no así para la movilización de la clientela política que asegure el triunfo electoral. Habrá que ver si esta paradoja es repudiada el 4 de octubre: solo así podrán evitarse los lamentos de siempre.
La Municipalidad de Asunción no es –no debe ser– un mero botín, aunque así lo crean quienes también mandan a nivel nacional. Los electores decidirán si hay que desengañarlos: las miserias comunales están a la vista, así que mal se podría buscar una excusa en la ignorancia de la realidad circundante. Dado que el común de los votantes no puede ser chantajeado por los operadores políticos a sueldo con dinero público, como funcionarios o contratados, se podría esperar que en las urnas actúe con toda independencia, por su propio bien y el de sus conciudadanos.
Entre lo mucho que se debe reparar en la capital del país figura, en primer lugar, la selección de los mandatarios municipales. Los asuncenos ya tienen suficiente experiencia por lo menos para saber por quiénes no deben votar más.