La condena a ocho años de prisión contra Hernán Rivas no es solo el cierre de un expediente. Es el eco de una traición larga, cultivada con manos levantadas y miradas desviadas. El cartismo lo protegió. Dos veces lo envió al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Dos veces lo convirtió en juez de jueces. Y hoy, cuando la Justicia finalmente lo alcanzó, algunos de sus antiguos padrinos se declaran engañados, como si la culpa pudiera diluirse en una lágrima tardía o en un discurso de falsa indignación.
Rivas no llegó solo. Fue el niño mimado de un movimiento que confundió lealtad con impunidad. Desde la Cámara de Diputados primero, y luego desde el Senado, el cartismo levantó la mano para colocarlo en el corazón mismo del control judicial.
No importó que nunca hubiera ejercido la abogacía. No importó que su título oliera a dudoso desde el primer día. No importó que, en entrevistas públicas, admitiera carecer de matrícula y de experiencia. No importó que apenas alcanzaba a balbucear términos jurídicos que ni siquiera entendía.
El padrinazgo valió más que la idoneidad y que el compromiso social. Y así, un hombre que no era abogado terminó presidiendo el órgano que decide el destino de quienes sí lo son. Tocó lo intocable: la fe en la Justicia.
Pero Rivas no es un caso aislado. Es el eslabón más reciente de una cadena que el cartismo ha ido tejiendo con nombres que hoy cargan condenas. De Óscar “Ñoño” Núñez a otros exparlamentarios, gobernadores, intendentes y hasta ministros, el movimiento que se presenta como defensor del orden ha ido sumando a su lista de otrora altos representantes a hombres y mujeres que tocaron lo sagrado con manos llenas de lodo.
La comida de los niños, la educación pública, los fondos que debían ser de todos y terminaron en bolsillos particulares. La cosa pública convertida en botín privado. Cada condena es un espejo que el cartismo prefiere no mirar, como si el sol se tapara con un dedo. Cada sentencia es la prueba de que el poder, cuando se ejerce sin escrúpulos, termina por corromper a quienes lo ostentan y a quienes lo protegen.
Y entonces aparecen las voces de la indignación selectiva. Silvio “Beto” Ovelar se declara el “primer estafado”. Lizarella Valiente afirma que también le creyó. Otros más se suman al coro de los engañados. Como si levantar la mano dos veces para designar a Rivas fuera un acto de inocencia.
Como si el poder de verificar, de preguntar, de exigir pruebas, no hubiera estado siempre en sus propias bancadas. Ellos no fueron víctimas. Fueron cómplices por acción u omisión. Levantaron la mano. Guardaron silencio. Permitieron que un impostor ocupara un cargo que jamás debió ejercer. Y ahora, cuando la condena cae, pretenden lavarse las manos con la misma facilidad con que antes las levantaron.
El pueblo no se siente engañado de la misma manera. El pueblo se siente traicionado. Porque mientras ellos negociaban espacios y protegían a sus protegidos, la ciudadanía pagaba el precio de instituciones debilitadas, de resoluciones dudosas, de una justicia que parecía doblegarse ante el poder político.
La fe en que los jueces serían juzgados con rigor se quebró. La confianza en que el Congreso cuidaría lo sagrado se evaporó. Y esa herida –la de la desconfianza– no se cierra con un “mea culpa” apresurado ni con declaraciones de victimización.
Hay algo terrible en esta historia. Como en los viejos relatos donde el héroe falso es desenmascarado demasiado tarde, el cartismo construyó un altar para sus favoritos y ahora contempla cómo se derrumba. Rivas fue su creación. Su cara visible. Su demostración de fuerza.
Y al protegerlo, al elevarlo, al blindarlo mientras las dudas crecían, el movimiento asumió una responsabilidad política que no puede eludir con gestos de sorpresa. No basta con decir “nos engañó”. Hay que admitir: lo elevamos. Lo defendimos. Lo pusimos donde nunca debió estar. ¡Fuimos cómplices!
La condena a Rivas no limpia al cartismo. Lo señala. Suma un nombre más a la lista de quienes fueron rostros del poder y terminaron condenados por haber tocado lo que debía permanecer intacto. La justicia, la educación, la comida de los niños, el bien común. Cada uno de esos casos es un recordatorio de que el poder sin control devora primero a los que lo detentan y después a la esperanza de quienes lo sufren.
El pueblo no pide solo sentencias. Pide memoria. Pide que quienes levantaron la mano asuman que esa mano también manchó. Que el engaño que dicen haber padecido es el mismo que el país padeció por su culpa. Y que la responsabilidad política no se diluye en declaraciones de indignación. Se carga. Se reconoce. Y, si hay dignidad, se repara.
Porque al final, las instituciones no se sostienen solo con leyes. Se sostienen con la honestidad de quienes las habitan y con la valentía de quienes las eligen. Cuando esa honestidad falta, cuando esa valentía se convierte en complicidad, el daño no es solo jurídico. Es moral. Es profundo. Y tarda generaciones en cicatrizar.
Hernán Rivas recibió su sentencia. El cartismo aún espera la suya: la del juicio de la historia y la de un pueblo que ya no está dispuesto a creer en las lágrimas tardías de quienes lo defraudaron.