Dado que la Municipalidad de Asunción está en bancarrota, la intendente electa Soledad Núñez tendrá mucho que hacer para sanear las cuentas. Se aguarda que sea apoyada por los futuros ediles, aunque varios de ellos hayan contribuido al colapso financiero, consintiendo el enorme malgasto y la corrupción lisa y llana, en el periodo que concluye el 3 de noviembre. Deben admitir que urge el rescate financiero y aprobar los recortes necesarios, en salvaguarda de las arcas, de los servicios y de la infraestructura comunales.
Por de pronto, la Junta Municipal ha resistido por unanimidad al descarado chantaje político-electoral del sindicalismo, en torno al contrato colectivo de condiciones de trabajo: dejó la cuestión en manos del nuevo Gobierno comunal, siendo de esperar que el mismo esté a la altura de las exigencias de la hora. Desde ya, deberá estudiar el acuerdo antes referido, que regiría durante cinco años y supondría un gasto anual de más de 64.735 millones de guaraníes (11,3 millones de dólares) en bonificaciones y beneficios laborales, como el pago por antigüedad y título académico, el subsidio de salud y el aumento del haber de retiro.
Los agraciados serían los más de 9.000 funcionarios, empleados y jornaleros, tres mil de los cuales serían prescindibles, según constató el exinterventor Carlos Pereira. La superpoblación hace que el Presupuesto viole el art. 179 de la Ley Orgánica Municipal, que prohíbe gastar en servicios personales más del 60% de los ingresos corrientes ejecutados. Nótese que la norma habla de los ingresos realmente ejecutados y no de los previstos, a los que la Municipalidad viene recurriendo para tratar en vano de ocultar la ilicitud señalada. Según la misma norma, las remuneraciones del personal deben fijarse en el Presupuesto atendiendo las posibilidades económicas de la Municipalidad: las acordadas en el contrato colectivo celebrado superan largamente las de una institución en quiebra, amparo y reparo de una clientela político-partidaria habituada a vivir a costa de los contribuyentes asuncenos, aportando poco o nada a cambio de sus ingresos.
Soledad Núñez prometió desprenderse de los abundantes “planilleros”, algo del todo justo y necesario. Es presumible que muchos, sobre todo los que teóricamente ocupan cargos administrativos, no tendrían nada que hacer si en verdad asistieran a sus lugares de trabajo, por así decirlo; lisa y llanamente, son superfluos, como bien lo constató el exinterventor antes citado. El Presupuesto 2027 debe ser sancionado a más tardar el próximo 20 de noviembre, siendo de esperar, por de pronto, que no aumenten los 50.000 millones de guaraníes mensuales que hoy se destinan al pago de sueldos, para no agravar el endeudamiento con los proveedores.
La herencia recibida de Óscar “Nenecho” Rodríguez y Luis Bello es una muy pesada carga que debe ser aliviada mediante una gestión honesta y eficiente, que no tema enfrentar a quienes defenderán con uñas y dientes sus privilegios contrarios al legítimo interés de los asuncenos. El populismo es una tentación ante la que pueden sucumbir incluso los gobernantes bien intencionados.
El contrato colectivo de condiciones de trabajo será quizá la primera prueba de fuego para Soledad Núñez, siendo de esperar que considere las carencias de la ciudad y la crisis financiera municipal, antes que las pretensiones de quienes han venido gozando de la generosidad con el dinero ajeno exhibida por Nenecho y su reemplazante. Los derechos de los asuncenos deben primar sobre las apetencias de quienes no se destacan por prestar un buen servicio público, sino más bien por todo lo contrario: los miles de funcionarios, empleados y jornaleros que sobran en el aparato comunal son un lastre a dejar de lado en el camino hacia una gobernanza que esté a la altura de la cabeza de un país.
Lo antedicho no debería ser mucho pedir, si algo vale el mensaje lanzado en las elecciones del 4 de octubre por los sufridos asuncenos, hartos de tolerar tanta corrupción, desidia e ineficiencia municipales, causadas o toleradas por quienes anteponen sus intereses políticos y patrimoniales a los de la ciudadanía.