La Contraloría General de la República (CGR) presentó un rotundo informe sobre la expedición de títulos universitarios probablemente fraudulentos, tal como ya lo hizo en septiembre último, con carácter preliminar. El nuevo documento da cuenta de la presunta existencia de una red delictiva, ya denunciada ante el Ministerio Público: 1.082 funcionarios de 35 entidades públicas habrían declarado 1.090 diplomas no respaldados por los registros de las instituciones educativas consultadas. Es de desear que estas importantes denuncias no queden impunes. Por lo demás, resulta alarmante el descubrimiento de 146 médicos egresados de universidades no habilitadas, entre los cuales hay extranjeros que podrían quedarse en el país para ejercer su “profesión”.
De hecho, al decir del contralor general de la República, Camilo Benítez, hay “muchísimas universidades, facultades, carreras, que la gente cursa, sin que estén habilitadas”. En consecuencia, esta inaceptable situación se ha venido produciendo en las mismas narices de las autoridades correspondientes, por incompetencia, desidia o corrupción de las mismas. En efecto, el descontrol por parte del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), al que se agrega el del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), afecta gravemente la credibilidad de los diplomas expedidos por las 57 universidades legalmente registradas. Se entiende que así sea, pues también los títulos auténticos pueden resultar sospechosos, dada la frecuencia con que se habría venido delinquiendo. A ello se suma que el descalabro hace temer incluso por la vida o la integridad física de los pacientes atendidos por falsos médicos, egresados de carreras no acreditadas.
Resulta así que nuestro país está hoy afectado por lo que se trataría de un gravísimo escándalo que socava el sistema educativo terciario y muestra, por si aún hacía falta, que Hernán Rivas no habría sido un ave solitaria en la producción y el uso de falsos títulos académicos. Tal ilicitud le sirvió a él para integrar nada menos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y a numerosos funcionarios para ejercer un cargo o lograr aumento salarial, hasta en el propio MEC (!). El examen de la CGR no incluye a quienes prestan servicios en el Poder Judicial, en el Legislativo o en el Ministerio Público. De hecho, faltan las respuestas de 221 organismos públicos y de 27 instituciones educativas, de modo que la serie de alarmantes hallazgos puede aumentar notablemente. Aún habría mucha tela que cortar para empezar a poner fin a una descomunal patraña, según fuertes indicios.
Se habría venido engañando en gran escala al Estado y a la sociedad, porque el primero no se ocupó de verificar como es debido la autenticidad de los diplomas. Según parece, la reiterada negligencia y quizá la complicidad condujeron a que el dinero público sea groseramente malgastado y la buena fe defraudada. Todo apunta a que las máximas autoridades del MEC, del Cones y de la Aneaes no han estado a la altura de sus respectivas funciones, de modo que harían bien en dar un paso al costado, en vez de seguir mostrándose indiferentes.
Aparte de mejorar la calidad de la enseñanza, es necesario reforzar en gran medida el control institucional de los diplomas universitarios, en defensa del dinero público y del privado. Es lo que se deduce también de los dichos del senador Patrick Kemper (ANR), presidente de la Comisión Especial de Investigación creada por la Cámara Alta para cooperar con la CGR en esta cuestión de singular relevancia.
Es ineludible poner fin a un presunto fraude mayúsculo que se viene cometiendo con toda impunidad desde hace años; en tal sentido, es saludable que el MEC haya denunciado ante el Ministerio Público a al menos 462 implicados en la producción de documentos de contenido falso o en su registro, siendo presumible que ese número deba aumentar notablemente. Aún hay mucho que hacer para asegurar la autenticidad de los títulos académicos. Por supuesto, tienen que ser creíbles, en vez de ser meras cartulinas fraguadas para obtener ingresos ilícitos, a costa del erario y de los particulares.
Por de pronto, es deseable que la CGR insista en que las entidades públicas y las educativas le brinden los informes requeridos. No pueden hacerse las desentendidas, en un asunto de tanta importancia, que afecta la seriedad académica de las universidades paraguayas, el dinero público percibido por funcionarios fraudulentos y no por último el derecho a recibir un servicio remunerado prestado por profesionales verdaderos.