Ocho adolescentes fueron detenidos por apedrear la muralla del Colegio Nacional de la Capital (CNC) y detonar petardos en los aledaños de una iglesia. El Colegio Presidente Franco, también de Asunción, suspendió sus clases presenciales debido a amenazas lanzadas a través de las “redes sociales” en las que aparecían palabras como “tiroteo” y “bomba molotov”. Padres de alumnos del asunceno Colegio de Enseñanza Media Diversificada Ysaty están indignados porque sus hijos sufrirían agresiones físicas, despojos y manoseos, cometidos por alumnos del CNC. Algunos de ellos portarían armas blancas y obrarían con el rostro cubierto: “Se comportan como vándalos y van a emboscar a las criaturas”, según uno de los denunciantes. Padres de alumnos de una escuela de Villa Jardín, Limpio, denunciaron amedrentamientos con cuchillos entre alumnas, lesiones en el rostro de una de ellas y presuntos casos de acoso escolar o bullying que no fueron atendidos.
Son perturbadoras estas noticias de los últimos días, que no deben ser ignoradas. Como las autoridades se cruzarían de brazos, los padres instan a formar una “mesa real de trabajo” y a que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) actúe para que la situación no empeore. Por su parte, el presidente del sindicato nacional de entidades educativas públicas, Miguel Marecos, según el cual muchos alumnos llevan en la mochila “un cuchillo, una pistola”, criticó el desinterés familiar y propuso que, ante “la violencia creciente”, el MEC coordine acciones interinstitucionales, incluyendo a la Secretaría Nacional Antidrogas, e implemente una “escuela para padres”, de asistencia mensual obligatoria. Por de pronto, dicha entidad pública convocó a los directores de las instituciones antes citadas para “coordinar acciones de contención” con la Policía Nacional.
Hechos de violencia en el ámbito educativo vendrían acaeciendo desde hace bastante tiempo. Los últimos colegios afectados pidieron una mayor protección policial para preservar la integridad física de los alumnos; además, denunciaron los hechos ante el MEC y la Policía Nacional, pero ello no impidió que la triste historia se venga repitiendo. Tampoco sirvió de mucho que las direcciones generales de los colegios afectados hayan pedido “encarecidamente”, ante los “hechos de violencia, amenazas y agresiones físicas”, que las familias atiendan las actividades de los alumnos, supervisen sus horarios y brinden informes para prevenir situaciones de riesgo y fortalecer la seguridad de la comunidad educativa.
Las iniciativas mencionadas son plausibles, pero haría falta algo más, como la aplicación efectiva del protocolo de seguridad del MEC para instituciones educativas de gestión oficial y subvencionadas, sancionado en 2023, el que no parece que esté siendo aplicado. Es probable que similares hechos de violencia, que tienen a los educandos como víctimas y victimarios, ocurran en otros lugares del país, sin que ni el Estado ni la sociedad civil reaccionen adecuadamente. La violencia debe ser alejada de las aulas y de sus cercanías, para lo cual también es preciso que los docentes, así como los padres de los alumnos, inculquen con énfasis el deber moral de respetar al prójimo.
Hay que combatir la violencia de los colegios y de sus alrededores, para que los jóvenes no se habitúen a la barbarie. Una de sus variantes es el acoso escolar (bullying), nada raro en los últimos tiempos, que se evidencia en el maltrato físico y psicológico. Es de lamentar que la Ley Nº 4633/12 contra el acoso escolar sea letra muerta. El MEC emitió en mayo un comunicado, señalando que ningún estudiante debe creerse excluido ni sentir miedo.
Una docente señaló, como lavándose las manos, que “en la casa se aprende todo y no en la escuela; todo depende de los padres, los niños se forman en la casa”. Sin duda, los progenitores tienen mucho que ver con la formación de sus hijos, pero hay responsabilidades compartidas en el hecho de que el uso de la fuerza se está tornando normal para resolver o provocar conflictos, en más de un ámbito: el educativo es uno de ellos, razón por la que el MEC y los docentes deben empeñarse en combatir la violencia, tanto como los padres: sus buenas enseñanzas son imprescindibles para impedir al menos que la agresividad se siga expandiendo.
La costumbre de ensalzar a la juventud no debe ocultar que tampoco ella está exenta de incurrir en hechos violentos: las conductas de quienes no se detienen ante las puertas de un colegio para desatar su ira, son más bien propias de delincuentes juveniles: haciendo valer la ley del más fuerte, agreden a los demás y dañan instalaciones, como si ello les diera un gran placer. Hay que quitarles las ganas de cometer delitos, pero antes habrá que educarlos, dentro y fuera del hogar, para que respeten los derechos ajenos. La comunidad educativa tiene aquí mucho que hacer. También hay que enseñar a convivir de acuerdo a la ley y a la moral, para que la sociedad no se hunda en la barbarie.