Las palabras de monseñor Gabriel Escobar, obispo auxiliar de Asunción, pronunciadas desde el púlpito en Luque el último domingo, fueron un diagnóstico certero y un llamado a la conciencia pública: las instituciones no actuaron cuando debían, el perjuicio a los ahorristas de Ueno Bank ya se materializó y el eslogan “vamos a estar mejor” terminó siendo la fachada de un grupo que desvalijó a muchos paraguayos.
Pedir la renuncia del fiscal general Emiliano Rolón no es un exceso; es la consecuencia lógica de una inacción que, a estas alturas, ya no puede disfrazarse de “falta de recursos” o de “prudencia investigativa”, sino de una aparente complicidad, indolente y peligrosa. Este personaje fue una de las grandes decepciones de los últimos tiempos, luego de la deplorable gestión de su antecesora, Sandra Quiñónez. Despertó grandes esperanzas, ya que no tenía cuestionamientos ni en su vida profesional, ni como docente, ni su vida privada. Pero no ha cambiado absolutamente nada y su paso por el cargo se caracteriza más bien por las excusas que suele arrimar para dejar enfriar casos emblemáticos.
El caso Ueno representa uno de los mayores escándalos político, social y económico de las últimas décadas. Es el colapso de un banco que concentraba depósitos de millones de personas, de entidades públicas y de la previsional, en un entramado donde las investigaciones fiscales tardaron meses en asignar equipos, donde se demoraron diligencias esenciales y donde la residencia presidencial de Mburuvicha Róga aparece, una y otra vez, como escenario de reuniones reservadas, de sobres con dólares no bancarizados y de contactos directos entre el poder político y el poder económico.
Que el propio fiscal general se haya reunido allí para pedir aumento de presupuesto mientras denuncias sobre hechos ocurridos en la casa presidencial permanecían sin avanzar no es un detalle menor: es la imagen misma de una Justicia que parece someterse o, en el mejor de los casos, que se deja paralizar.
Pero la responsabilidad no recae solo en Rolón. El sometimiento de la Justicia es un fenómeno de varios actores. Recordemos la reunión secreta en Mburuvicha Róga de la que participaron seis ministros de la Corte Suprema. Se habló de presupuesto y de asuntos “administrativos”, se dijo. El mensaje que quedó, sin embargo, es otro: cuando el poder político convoca en la clandestinidad a la cúpula del Poder Judicial, la independencia deja de ser un principio y pasa a ser un discurso vacío.
Esa imagen de sumisión no se borró con comunicados posteriores, ni invocando “motivos de seguridad nacional” por el propio Peña. Todo lo contrario, se profundiza cada vez que los tribunales, el Jurado de Enjuiciamiento o el Consejo de la Magistratura miran para otro lado ante dilaciones flagrantes, conflictos de interés evidentes o la ausencia de investigaciones serias sobre el uso del aparato estatal en beneficio de grupos particulares.
Tampoco pueden lavarse las manos quienes, desde el Congreso, aprobaron presupuestos, colocaron a las autoridades en el Banco Central, o guardaron silencio mientras los fondos públicos y previsionales se concentraban en una sola entidad, aún en contra del tope legal que ellos mismos sancionaron. Así también, no pueden despegarse tan fácilmente de lo ocurrido los reguladores que, según las propias investigaciones, tardaron en detectar o en actuar sobre créditos a empresas vinculadas, transferencias circulares y operaciones cuyo destino final sigue siendo opaco. Ni aquellos operadores políticos y económicos que, durante años, normalizaron la captura de instituciones bajo el argumento de la “estabilidad” o del “crecimiento”.
Cuando el mal ya está hecho –como bien señaló monseñor Escobar– y el perjuicio a los ahorristas es concreto, la indiferencia posterior no es neutralidad: ¡es complicidad por omisión!
Se eligió no actuar a tiempo, no investigar con la celeridad y la independencia que el caso exigía, no proteger los bienes de todos. El resultado está a la vista: un banco intervenido, millones de afectados, un presidente destituido y detenido, y una Fiscalía cuya cúpula es cuestionada precisamente por no haber cumplido su deber de cuidar lo que es de todos.
Quienes hoy siguen sin actuar –fiscales que dilatan, jueces que no impulsan, legisladores que especulan con sus votos, reguladores que se esconden detrás de expedientes– no son meros espectadores. ¡Son cómplices!
Cada día que pasa sin que se recuperen los fondos desviados, sin que se esclarezcan las reuniones en Mburuvicha Róga, sin que se investigue el origen de los sobres de dólares y sin que se depure a quienes permitieron que esto ocurriera bajo su guardia de supuesta “prevención del lavado de activos”, se consolida la impunidad.
Si las instituciones públicas no responden al pueblo y siguen respondiendo a intereses personales y políticos del momento, entonces han renunciado a su razón de ser. Y si quienes tienen el deber de investigar, juzgar y controlar eligen el silencio o la lentitud calculada, no son neutrales. Son parte del problema, pudiendo ser llamados “traidores de la Patria”.
Paraguay no puede seguir chapoteando entre medias tintas. O la Justicia actúa de verdad, o se confirma, de una vez, que está sometida. No hay término medio.