La renuncia de Emiliano Rolón Fernández al cargo de fiscal general del Estado, que se produjo por fin, abre un nuevo y desafiante capítulo: el escrutinio estatal y ciudadano.
Tras años de denuncias, demoras selectivas, audios que involucran a su entorno familiar y un actuar que el propio Congreso calificó de mal desempeño de funciones, la salida del titular del Ministerio Público exige una medida inmediata, rigurosa y pública: el examen de correspondencia de sus bienes, de los de su hijo y de su círculo más cercano.
No se trata de una solicitud voluntaria ni de una cortesía institucional. Es una obligación legal. Todo funcionario –más aún los de alto rango– debe presentar su declaración jurada de bienes y rentas al término de su mandato.
Pero la declaración, por sí sola, no basta. Debe ser contrastada, verificada y sometida a un análisis técnico serio. La ciudadanía no puede limitarse a recibir un papel firmado, que a juzgar por antecedentes conocidos, muchos “olvidan” lo que realmente tienen. Por lo tanto, la ciudadanía tiene el derecho –y el deber– de actuar como contralor de la Contraloría.
El precedente reciente es elocuente y alarmante. Cuando se examinó la correspondencia patrimonial de Santiago Peña, la Contraloría General de la República, bajo la conducción de Camilo Benítez, concluyó que “todo correspondía”. El informe se emitió pocos meses antes de que estallara la crisis que terminó con la destitución del entonces presidente.
Hoy, ante la magnitud de lo revelado en el caso Ueno Bank y las preguntas que quedaron abiertas sobre préstamos multimillonarios, el propio contralor admite que aquel examen no certifica honestidad: solo verifica documentos declarados. Esa distinción, formulada con claridad ahora, llega tarde, y suena a ruido más que a aclaraciones.
Resulta inexplicable, desde el sentido común más elemental (que últimamente termina siendo el menos común de los sentidos), que un funcionario cuyo salario no superaba los 40 millones de guaraníes pudiera acceder y sostener préstamos de cientos de miles de dólares sin que el examen de correspondencia profundizara en la capacidad real de pago y en el origen de los fondos.
La Contraloría dio luz verde. Poco después, el escenario se desmoronó. El actuar del contralor Camilo Benítez, que avaló ese estudio, no puede quedar fuera del escrutinio. Quien valida lo que luego resulta insuficiente o incompleto debe explicar por qué.
El caso de Emiliano Rolón se presenta con elementos aún más urgentes. Durante su gestión se denunciaron demoras de meses en la investigación de denuncias por enriquecimiento ilícito, se filtraron audios en los que un fiscal adjunto hablaba de “tratos” con el hijo del exfiscal general y de entregas de sumas significativas, y se colocaron parientes en cargos de alto ingreso en entidades como Itaipú y el Poder Judicial. Ninguna de estas situaciones, por sí sola, constituye una condena. Todas ellas, en conjunto, justifican que la declaración de bienes que debe presentar al término de su mandato sea examinada con el máximo rigor posible, incluyendo a su hijo y a las personas de su entorno más próximo que hayan tenido relación con el ejercicio del cargo.
La ciudadanía no puede confiar en que la Contraloría realizará, esta vez, un trabajo exhaustivo. El precedente de Peña demostró que un informe formal de correspondencia puede coexistir con interrogantes de fondo que solo se abordan cuando la crisis ya estalló.
Por eso, el control social no es un complemento: es una condición de legitimidad. Los documentos deben ser públicos, los plazos deben ser cortos y los criterios técnicos deben poder ser cuestionados por cualquier ciudadano o periodista que lo solicite.
Exigir el análisis de correspondencia de Emiliano Rolón, de su hijo y de su círculo cercano no es un acto de persecución. Es el mínimo estándar de una república que dice combatir la impunidad, más aún cuando las instituciones de prevención del lavado de activos demostraron no servir para nada más que para engrosar el presupuesto público.
Si la declaración es limpia y está respaldada, el examen lo confirmará y fortalecerá la confianza institucional. Si existen inconsistencias, deben ser identificadas ahora, no cuando ya sea demasiado tarde o cuando los activos se hayan diluido. Y acto seguido, la nueva fiscal general del Estado debe demostrar que no enterrará investigaciones como lo hizo su antecesor.
La Contraloría tiene la responsabilidad de no repetir el patrón que permitió que un examen “favorable” precediera a una debacle. La ciudadanía tiene la responsabilidad de no aceptar otro informe que diga que “todo correspondía” sin poder verificar cómo se llegó a esa conclusión. Y la fiscalía debe demostrar su compromiso con la sociedad, no con el poder de turno.
Todo debe ser sometido a escrutinio. Hoy. No mañana.