El Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación fueron creados por la Ley 458/2012. Estos recursos administrados por el Ministerio de Hacienda se distribuyen a educación, salud, Agencia Financiera del Estado, programas y proyectos del Tesoro Nacional.
El Ministerio de Educación, las municipalidades y las gobernaciones canalizan el dinero para educación. Según la normativa, el 50% de las transferencias deben destinarse a mejorar la infraestructura de escuelas y colegios.
Desde 2013 hasta 2017 ya recibieron G. 1 billón 24.408 millones, monto que no se refleja en las condiciones de los locales de las instituciones educativas.
En Piribebuy, por ejemplo, el Colegio Nacional Blas Servín, ubicado en la compañía Itá Morotî, tendrá que iniciar las clases en condiciones lamentables. La institución se cae a pedazos y la Municipalidad solo mandó construir dos aulas, que servirán para albergar a unos 60 alumnos, cuando que los matriculados son 120 estudiantes desde el séptimo grado de la Educación Escolar Básica hasta el tercero de la Media, en los turnos mañana y tarde.
Para este año se proyectan más obras para aquella institución, pero la excesiva burocracia hace que todo avance muy lentamente.
El colegio Blas Servín fue noticia el año pasado cuando alumnos de esa sede construyeron una choza con techo de paja y paredes de tacuara para su improvisada aula de clases.
Esa dependencia del MEC posee un pabellón con seis aulas de las cuales tres están clausuradas por peligro de derrumbe, mientras las otras tres también se encuentran en lamentables condiciones, por lo que los estudiantes daban clases en los pasillos o en el patio.
Luego de la denuncia periodística, la Municipalidad local llamó a licitación para la edificación de dos aulas, que quedó a cargo de Alfredo Bernardino Lezcano por G. 142 millones.
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