Festín en Opaci continúa con apoyo de diputados

La Opaci pretende continuar a toda costa en el negocio de las licencias de conducir. Los cobros irregulares de G. 10.000 a los contribuyentes de las 250 municipalidades de nuestro país sería el botín principal de esta ONG. Los diputados rechazaron las modificaciones de la Ley 5016/ 2014 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial” con lo que dan vía libre al festín.

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Con el discurso de que defiende la “autonomía” municipal, la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) pretende continuar en el negocio de licencias de conducir.

La Organización no Gubernamental (ONG) continúa con el cobro de G. 10.000 por cada licencia de conducir entregada por las 250 municipalidades de nuestro país mediante el apoyo de la mayoría de los diputados, que rechazó las modificaciones de la Ley 5016/2014 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial” propuestas por el senador Eduardo Petta.

Los legisladores, lejos de defender los intereses de la ciudadanía, elogiaron la función de la ONG “como un órgano auxiliar de las comunas”. Sin embargo, se “olvidaron” de que anualmente la organización recauda unos G. 20.000 millones que no son sometidos a control de ninguna institución estatal, como la Contraloría General de la República (CGR).

De acuerdo con los datos, solamente en 2014, la ONG manejó casi G. 20.000 millones de los contribuyentes por cobros de expedición de licencias de conducir, canon por transferencia de inmuebles y otras transacciones como hipotecas.

Durante una década la Opaci estuvo manejada por el “clan Núñez”, integrado por los hermanos colorados Basilio, Ricardo y Óscar, actual diputado. En febrero de este año, ante las críticas de intendentes de diferentes puntos del país a la gestión de Ricardo Núñez, la intendente de Ybycuí, María del Carmen Benítez (ANR) asumió la titularidad.

Otro de los grandes defensores de la Opaci es el diputado Éver Rivas (ANR), quien es pareja sentimental de la actual presidenta de la ONG.

Para fundamentar sobre la continuidad de la Opaci, Rivas dijo que “ley Petta” (así llaman los directivos de la ONG al proyecto de modificación propuesto por Petta) es centralista y que avasalla la autonomía municipal. Según el legislador, se otorga superfunciones a la Agencia Nacional de Tránsito como ente regulador. Pero, se cuidó de mencionar que la ONG atropella desde 1997 la independencia de las comunas, al obligar a las administraciones a pagar un canon para otorgar la numeración de los registros de conducir.

La Opaci también retiene en forma ilegal millonarios montos correspondientes a las transacciones por venta de inmuebles, recursos genuinos de las comunas.

Un negocio apetecible

El manejo de las licencias de conducir es negocio apetecible para los políticos. Según los datos, actualmente existe toda una puja por los centro de impresión de los registros unificados. La Opaci pretendía ser el único local habilitado para la compra de las tarjetas preimpresas, como también de las impresoras y otros insumos. Sin embargo, luego de que varias municipalidades protestaron sobre el manejo discrecional de la ONG se abrió el mercado para la contratación de otras empresas.

De acuerdo con algunos intendentes, para no quedarse sin este negocio, la Opaci optó por los contratos de comodatos con las comunas con el objetivo de captar clientes.

juan.jara@abc.com.py

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