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Además, la referida norma atenta indirectamente contra la independencia del Poder Judicial, que igualmente está garantizada en la Carta Magna.
En el Ministerio Público explicaron que la institución puede responder informes, pero no sobre puntos específicos, ni remitir copias autenticadas y foliadas de la carpeta de investigación como lo solicitan los legisladores. Ejemplo, el senador Luis Alberto Wagner, el 20 de agosto pasado, le pidió a Díaz Verón, que en el plazo de 15 días le remita “copia completa y foliada de las carpetas fiscales” a cargo de los agentes Joel Cazal y Sandra Quiñónez, quienes investigan la muerte del comisario Manuel Escurra, que ocurrió el 23 de octubre de 2013, y por otra parte, la muerte del capitán Enrique Piñánez y la del suboficial José Manuel González, hecho que se registró el 26 de noviembre del año pasado.
Es evidente que con este tipo de requerimientos, el Senado quiere tener directa intervención sobre las actividades jurisdiccionales, que solo le compete al Poder Judicial. Son los jueces, camaristas y ministros de la Corte los que pueden revisar las actuaciones de los agentes del Ministerio Público dentro de un proceso abierto. Esta atribución es exclusiva de la administración de justicia y no del Legislativo, como quieren los senadores.