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Por 57 votos a favor y 14 en contra, la Cámara de Diputados terminó modificando el proyecto de ley que pretendía publicitar las declaraciones juradas de bienes y rentas de todos los funcionarios públicos. Queda en manos del Senado aceptar las modificaciones o ratificarse en su versión.
Diputados abdistas, cartistas, efrainistas, excartistas y llanistas optaron por el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que pone más trabas al proceso para transparentar las declaraciones juradas.
Establece que las personas físicas o jurídicas, concesionarias que bajo otra modalidad estén vinculadas con el Estado tanto de la administración central como las entidades autónomas y autárquicas, las entidades binacionales, de las cuales se realicen fondos públicos o realicen actividades de interés público, están igualmente obligadas a presentar su declaración jurada, bajo los mismos términos y condiciones que los funcionarios públicos.
Proponen que la constancia de la declaración será requisito para la presentación de ofertas de concesiones de obras y servicios públicos.
Presentarán su declaración las autoridades, miembros del consejo directivo, socios fundadores y cualquier otro integrante que reciba fondos o alguna contraprestación no solo del Estado, si no también municipalidades, gobernaciones, binacionales o cualquier otra entidad pública.
Deberán presentar su declaración jurada 15 días después de recibir los fondos o la contraprestación y 15 días después de finalizar la tarea. Establecen sanciones pecuniarias, previo sumario administrativo para aquellas empresas que no presenten la declaración de sus bienes. La publicidad de las declaraciones se hará previa autorización judicial.
La modificación del acápite del proyecto para incluir a empresas fue propuesta del diputado cartista Basilio Núñez, quien afirmó que existen empresas de maletín.