La Presidencia de la República, a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), comenzó un exhaustivo control en los procesos licitatorios emprendidos por las instituciones del Gobierno a fin de evitar casos de corrupción. Los seguimientos a procesos de compra comenzaron hace 60 días cuando se detectaron irregularidades en la adjudicación realizada por el Ministerio de Educación para el servicio de provisión de merienda escolar. El mismo presidente Horacio Cartes había ordenado la anulación del contrato y exigió más controles en futuras compras.
Ahora el Ejecutivo indaga sobre un llamado de la ANDE para el servicio de seguridad, cuyo contrato ronda los US$ 7,5 millones. El 21 de agosto se llevó a cabo la apertura de las ofertas y al llamado se presentaron seis empresas (SST, Guardia SA, Los Halcones, Tapití, Prosegur Paraguay SA y Watchman SRL). De todas estas firmas solo dos arrimaron ofertas para los ocho lotes requeridos.
Según consta en el acta de apertura, Tapití, de la familia del excomandante de la Policía Viviano Machado, no cumple con las exigencias laborales, ya que no provee el informe de pagos a sus guardias, así como tampoco registra en los documentos el pago de impuestos al Estado, advirtieron en la DNCP. La empresa Tapití, representada por el subcomisario (SR) Vidal Machado (hermano de Viviano), habría hecho lobby con miembros del comité evaluador de la ANDE a través del comisario (SR) Arístides Cabral, exjefe de seguridad de Cartes, según la información que maneja la Presidencia.
Conforme establece las normas laborales, Tapití no cotizaría lo que corresponde al aporte del IPS y según los cálculos, no estarían previendo pago de las vacaciones y aguinaldos de sus guardias y al obviar estos beneficios, aparece como la oferta más conveniente, pero lo hace en detrimento de los intereses de sus trabajadores, explicaron en la DNCP.
Al ser consultado, Viviano Machado aseguró que no tiene conocimiento de la licitación y apertura de sobres.
“Yo trabajo como abogado y apoyo a la empresa en todo lo que sea jurídico, pero no en lo administrativo”, añadió. Negó asimismo que se haya realizado lobby alguno para este proceso licitatorio.