De los 80 diputados que componen la Cámara Baja, 37 de ellos alientan a sus familiares y operadores políticos a la “planilleada”, ya que sus registros de asistencia son “avalados” por el parlamentario de quien dependen.
De los 151 funcionarios que firman planilla, 21 son familiares de los diputados, en su mayoría hijos, sobrinos, nueras, hermanos y exesposas, según se detalla en una nómina oficial de la Cámara de Diputados.
Diputados liberales y colorados son quienes más utilizan el registro de planilla manual. También lo hacen el diputado Hugo Rubin del Partido Encuentro Nacional (PEN) y el imputado Aldo Vera de Avanza País (AP).
El sistema de registro de firmas evade cualquier tipo de control que se pretenda implementar en la Cámara de Diputados desde el momento en que los mismos parlamentarios se convierten en jefes de sus familiares.
Incluso la vulnerabilidad del sistema facilita que se puedan cargar horas extras a favor del familiar sin que las haya cumplido.
Los hijos e hijas de los diputados liberales María Carísimo, Héctor Lesme, Ramona Mendoza, José “Pakova” Ledesma y Celso Maldonado sobrepasan los G. 10 millones de salario mensual y firman planilla.
De los 37 diputados que tienen el registro de planilla para sus funcionarios, 30 son colorados. La nómina es encabezada por el propio presidente de la Cámara de Diputados y presidente de la ANR, Pedro Alliana.
María Mercedes Villalba López, hermana de la diputada cartista Cristina Villalba, conocida como “La Madrina”, también firma planilla en Diputados.
Control
La administración de Alliana reforzó los controles de entrada y salida de los funcionarios. Deben especificar los motivos de su salida dentro de su horario en caso de que así lo hagan. Sin embargo, con el registro de firmas en las planillas se elimina cualquier control.
Este año, la Cámara destinó G. 360 millones para el mantenimiento y la reparación de equipos informáticos y relojes biométricos.
Violan disposición
La Cámara de Diputados al contar con 150 planillas de registro de firmas viola la disposición del Poder Ejecutivo que establece mediante la Resolución Nº 1317, de la Secretaría de la Función Pública, que el registro de asistencia de los funcionarios públicos permanentes, contratados y comisionados del registro de control informatizado rige desde enero del 2016 (2 años, 7 meses).