El 50% de todo lo que consiga recaudar por encima de lo que ahora percibe de impuestos de los asuncenos en los próximos 10 años iría a parar a manos de una empresa privada, si prospera la intención de la Comuna capitalina de tercerizar la gestión tributaria y catastral.
Es en el marco de la licitación pública internacional para adjudicar los “Servicios de Diseño e Implementación de un Sistema Integral de Gestión Tributaria y Catastral para la Municipalidad de Asunción”, que está llevando adelante.
La adjudicataria deberá realizar un adelanto financiero de entre 10 y 50 millones de dólares a la Comuna, una vez firmado el contrato, monto que será devuelto, con intereses, de acuerdo a la disponibilidad de la Comuna.
Según el proyecto, la empresa adjudicada deberá diseñar, desarrollar e implementar un sistema informático integral que mejore los procesos internos, la calidad y el servicio de atención al contribuyente, ayude a sincerar los datos de los contribuyentes, y se logre aumentar ostensiblemente la recaudación.
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Ocurrida la mejora en la recaudación, “se pagará al adjudicado el 50% del monto equivalente al incremento, que se distribuirá entre el porcentaje en concepto de comisión y el anticipo financiero”.
El pago será liquidado en forma mensual si existe la mejora en la recaudación. En el caso que no ocurra un incremento, transcurridos los primeros 12 meses de la fecha de inicio de la implementación del sistema, la Municipalidad presentará un plan de amortización del anticipo.
Cuestionamiento
La Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (Asucop) y la abogada municipalista Mirian Ferreira solicitaron a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspender la licitación.
En su nota presentada ante el director de dicha institución, Santiago Jure, aseguran que aparte de tercerizar los recursos municipales, el proyecto encierra un contrato de préstamo o empréstito, colocando al consultor en prestamista y/o entidad financiera al hacer un adelanto financiero que posteriormente será devuelto, con intereses.
“Llegamos a la conclusión de que nos encontramos en presencia de un contrato de préstamo y no de un servicio de consultoría”, señala.
Cuestiona además que en el pliego se establece que la empresa contratada dispondrá de los funcionarios municipales que requiera para el cumplimiento de sus supuestos servicios.
En otra parte de su presentación, Asucop y Ferreira señalan que la alta morosidad existente en la Municipalidad de Asunción no es justificativo para ceder su facultad recaudadora y pretender solucionar la misma a través de la contratación de consultores.
“Si el problema es informatizar el sistema tributario municipal, por qué no recurrir a la cooperación interinstitucional o internacional. Si existiera un problema informático o la necesidad de la creación de un sistema, por qué la Municipalidad necesitaría comprometer su patrimonio por 10 años”, señala.
Agrega que la morosidad de la institución –que sería de US$ 100 millones– se debe a dos factores: a) la falta de capacidad de pago de sus contribuyentes; y b) por el descreimiento en las autoridades”.
Suspendido
El llamado a licitación actualmente está suspendido debido a las protestas presentadas. A la de Asucop se sumó la empresa Consorcio SR Sociedad Anónima, representado por José Domingo Re y Jessica Giménez.
Para ayer estaba prevista la apertura de sobres. La Dirección de Contrataciones deberá decidir si sigue o se suspende definitivamente.
Quieren disponer de dinero
La Municipalidad de Asunción reconoció que el objetivo de la adjudicación de la gestión catastral es obtener un fuerte ingreso financiero que radica en el adelanto que la empresa contratista deberá entregar a la Comuna y que oscila entre los 10 y 50 millones de dólares.
“No es lo mismo tener dinero ahora que tener de aquí a 10 años”, dijo el director de Hacienda Óscar Orué, durante una visita a nuestra redacción.
Orué también señaló que “el negocio” de la empresa adjudicada está en el 35% de los impuestos que irán a parar a sus manos, si logra aumentar la recaudación. A este se sumará la amortización del adelanto financiero que se irá devolviendo, con intereses. El plazo del contrato es de 10 años.