Una nueva avería del único tomógrafo de la Décima Región Sanitaria (Alto Paraná), comprado apenas en 2024, hizo que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en virtud de un convenio, traslade a los pacientes al saturado Hospital del Área 2 de la Fundación Tesãi, dependiente de Itaipú Binacional. Se trata de un caso más de tercerización, es decir, de subcontratación o externalización de servicios con terceros, una práctica muy difundida en el sector público, que propicia la corruptela y el aumento del gasto público. Es plausible, entonces, que el “nuevo” Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), a pedido de su actual presidente, el Dr. Isaías Fretes, haya cancelado una licitación para tercerizar el servicio de ambulancias, a un costo de más de 1,6 millones de dólares. La tercerización implica solo una solución “parche”, que desangra a la institución que recurre a ella sin que implique necesariamente una mejor atención. Es más, no sería en absoluto sorprendente que se preste a manipulaciones bien remuneradas, de carácter delictivo.

Pese a las críticas, Petropar adjudicó la licitación para contratar más personal a través de una tercerización. Fue beneficiada la firma La Offi SA por un monto máximo de G. 18.000 millones. Este esquema ya desangró G. 124.333 millones a la estatal.

Pese a los cuestionamientos, Petropar continúa con el esquema de tercerización de su personal. La semana pasada la petrolera pública recibió las ofertas de una nueva licitación con ese propósito, en la que prevé derrochar G. 18.000 millones. En los últimos siete años la empresa estatal ya dilapidó G. 124.333 millones en este tipo de contratos.

El servicio de imágenes del Ministerio de Salud Pública quedó por cinco años en manos del Consorcio Medicina Profesional Tecnológica (Meprotec), representado por Felipe Sanabria Filártiga y Gerardo Brunstein. El contrato de tercerización es por un máximo de G. 360.000 millones, unos US$ 49 millones. Actualmente, la adjudicada tiene similar acuerdo con el IPS.

Luego de concesionar sus estaciones de servicios propias a firmas privadas, Petropar había prometido eliminar los contratos de tercerización del personal, pero nuevamente publicó una licitación para este fin, por G. 18.000 millones. La petrolera ya derrochó G. 124.333 millones en este tipo de adjudicaciones en siete años, que “puente” los concursos para acceder a cargos públicos.

El concejal de Lambaré, Daniel Molinas (PLRA), aseguró que el intendente de la ciudad no ha informado aún a la Junta Municipal sobre su intención de tercerizar el cobro de impuestos a morosos. Refirió que en caso de concretarse la propuesta vía licitación o por convenio con estudios jurídicos, esta debe pasar por el legislativo para su aprobación.