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La destitución de Iturburo, exjefe de Calidad Informática del ente, fue firmada por dos de los tres miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). El documento tiene la rúbrica del titular Jaime Bestard (ANR, cartista) y María Elena Wapenka (PRF). En reemplazo de Alberto Ramírez Zambonini (PLRA), cuya ausencia no fue justificada, firmó el documento la jueza Myrian Cristaldo.
El escrito señala que aunque Iturburo alegue que lo grabaron sin su permiso, la resolución se da en virtud a entrevistas posteriores en que dijo libremente que fue un “error” y una “imprudencia” haber dicho que aceptó dinero a cambio de alterar actas electorales.
En audios filtrados por ABC Cardinal 730 AM, Iturburo dijo que con este presunto fraude electoral benefició al imputado senador Jorge Oviedo Matto (Unace) y a la senadora Lilian Samaniego (ANR, excartista). Posteriormente Iturburo y Oviedo Matto dijeron que el dinero fue a cambio de imprimir el padrón de votantes. El TSJE señala que su reglamento interno prohíbe a los funcionarios recibir “propinas”.
El sumario fue iniciado el 23 de julio y concluyó el 7 de agosto, es decir, en 15 días. Lo llamativo es que el TSJE en casos de planilleros y otras irregularidades siempre justificó retrasos de 60 días para aplicar sanciones.
Cero transparencia
Paralelamente, los tres ministros del TSJE se mantienen en su postura de no mostrar las actas de los resultados de las elecciones generales del 22 de abril, que fueron supuestamente adulteradas por Iturburo, según reveló. Las autoridades del ente y sus asesores sostienen que el sistema es invulnerable. Sin embargo, el Frente Guasu cuestionó la inacción fiscal y denunció que Iturburo forma parte de una mafia electoral más grande. Los fiscales Liliana Alcaraz y Diego Zilbervarg dicen que siguen investigando.