El sacerdote Miguel Fritz, durante el reciente inicio de las festividades de Caacupé, condenó la Ley N° 6.830 que elevó la pena por la invasión a diez años porque afecta a las comunidades indígenas. Pero fue todavía más. Dijo que la propiedad privada no es un derecho absoluto. Que resulta urgente, agregó, una reforma agraria más moderna.
Enseguida otro cultor de la violencia, el senador Sixto Pereira, candidato para la Presidencia de la República por el partido Tekojoja, quien constantemente predica lo mismo que el sacerdote Fritz, dijo que a la gente no le queda otra alternativa más que “pelear por sus derechos”.
Es preciso en este sentido recordar que ya en el año 2015, los senadores del Frente Guazú, el mencionado Pereira y Hugo Richer, junto con Pedro Santacruz, del Partido Democrático Progresista, venían apoyando el permanente asedio a la propiedad privada de la Estancia Pindó. El objetivo consistía en lograr la expropiación de dicho fundo para repartirse entre los mismos invasores, lo que suponía un premio a la delincuencia.
Por fortuna no prosperó aquel proyecto. La Estancia Pindó no fue expropiada, pero el daño ya se había dado.
La invasión a la propiedad privada seguirá porque sus propiciadores, intelectuales y materiales siguen con la misma prédica del pasado. Para ellos, la propiedad privada es un “dogma” de los ricos por el cual solo se busca expulsar a los campesinos del campo con medidas represivas como aquella de elevar la pena a 10 años por invasión.
“Nuevo” agrarismo
Eso de nuevo no es tal. Para ellos es necesaria una verdadera reforma agraria e, incluso, nuevas leyes que dispongan masivas expropiaciones para así agilizar la tenencia de la tierra. El llamado nuevo agrarismo tiene como herramienta fundamental el intervencionismo estatal. Aquella es una doctrina que fue creciendo en especial en los países donde los derechos de propiedad privada nunca fueron defendidos debidamente ni en las respectivas legislaciones ni en la práctica.
Los poderes del Estado, ahí donde los políticos, jueces y fiscales tienen predicamento –el Congreso y el Judicial– están infectados de ideas colectivistas. Todo lo que tenga relación con la defensa de la inversión, del trabajo y del premio al esfuerzo que realizan los productores en especial del campo es visto como una amenaza para el logro de la redistribución de la riqueza y el igualitarismo.
El populismo es, a su vez, el arma detonante que fulmina a diestra y siniestra todo lo que está a su alcance. El objetivo final: ¡la revolución social!
Este es el objetivo final del sacerdote Fritz. El colectivismo del nuevo agrarismo que pretenden algunos políticos y otras tantas nucleaciones, fracasó en todas partes porque, primero, se fundamenta en un tipo de derecho (jurídico) muy diferente al clásico que considera al hombre con derechos individuales entre los que están la propiedad privada lograda con trabajo e inversión. No, ellos no creen en eso.
Creen en un derecho (jurídico) equitativo de base colectivista. El mismo debe inclinarse por favorecer a un grupo determinado (los sin tierra, por ejemplo, o a los excluidos como también les llaman). Para esta línea de ideas, los seres humanos por sí mismos no pueden ser independientes o volverse emprendedores, sino que deben ser protegidos debido a que las personas –según ellos– son débiles y oprimidos por otros. Desde luego ellos mismos son los verdugos de los pobres, pero como tienen que siempre culpar a otros siguen con la misma cantinela.
El derecho colectivista termina por hacer del campesino un ser humano dependiente del poder del Estado. Como en el fondo detestan la individualidad, esto es, el hecho natural que los seres humanos tienen talentos y capacidades diferentes, entonces deben algunos dirigirlos. Hay que evitar – dicen– que unos pocos se vuelven demasiado exitosos.
Lo que en verdad desean a toda costa es tener a su prójimo bajo su manto de protección, manto que implica guiarles como por un matadero para que sean dependientes y sin visos de creatividad e innovación.
La realidad es otra
No resulta, por tanto, extraño que todos los cultores del agrarismo sean contrarios a considerar a la propiedad privada como un derecho natural, importante para precisamente tener autonomía frente al poder de turno.
De ahí que para ellos propiedad privada sea una mera circunstancia de la historia, algo que el propio marxismo comunista predicó desde su advenimiento. El capitalismo habría de colapsar para luego pasar a la sociedad sin clases.
La realidad es que cuanto más se desvaloriza el concepto moral, económico y jurídico de la propiedad privada, más aumenta la incertidumbre, la desinversión y la violencia. Y esto sucede porque si los incentivos a la seguridad no existen y se puede invadir la propiedad del vecino sin mediar sanción ejemplar alguna, muchas personas consideran que robar, invadir, quemar tractores, ingresar a un fundo sin permiso del dueño son apenas artilugios, un acto delincuencial, pero jamás un crimen.
Es por eso que, igualmente, la expropiación con reservas naturales protegidas por los propietarios les tiene sin cuidado. El medio ambiente no les interesa. Lo que les importa es ingresar al terreno para deforestar y así en un constante devenir. Generaciones de niños y jóvenes son “educados” de ese modo, aunque la palabra correcta es instruidos, por eso la entrecomilla a educados.
Luego enseguida aparece “la injusta distribución de la tierra”. Un viejo mito del marxismo comunista que pese a su declarado fracaso teórico y práctico se la sigue predicando y haciendo para que los incautos les crean. Ahí están periodistas y analistas que ante la citada frase asientan o no dicen nada al respecto.
La realidad que, por cierto, es una sola, es que todos esos mitos y fábulas que se propagan sin el debido rigor moral, económico y jurídico van creando fábricas de miseria, gente sin esperanza, familias enteras con hijos quienes deben hacer y decir exactamente lo que sus progenitores les fueron diciendo por años. ¡Una tragedia!
La solución de fondo
Desde luego que hay una solución a esa tragedia. En el Paraguay las numerosas leyes agrarias como las de los años 1918, 1926 y 1935, el Estatuto de 1940, la ley de Colonización de 1948 y el Estatuto Agrario de 1963, solo sirvieron para que los políticos y burócratas se repartieran millones de hectáreas, empobreciendo a campesinos. Exactamente lo mismo ocurrió con el famoso crédito agrícola.
Pero una cosa es aquel robo y despilfarro que se hizo en contrario a los derechos de propiedad privada y de la ley, pues esos actos fueron ilegales e ilegítimos; y otra cosa muy diferente es creer que la invasión es la solución. No. De ninguna manera.
La invasión, la inseguridad y la desinversión crean pobreza y desempleo. Constituyen efectos de algo que por lo visto no se está viendo con el debido rigor: la ausencia de derechos de propiedad privada y su irrestricto respeto.
Tal como estamos no existen las ideas claras, firmes y con el coraje suficiente para acometer con éxito el problema de la tierra, problema que se corrige desde el vamos alentando a los que producen y trabajan, garantizando la propiedad privada y no estimulando ideas contrarias como las del padre Fritz y otros tantos políticos que predican el colectivismo que ellos llaman “nuevo” agrarismo que tanto daño, desolación y desesperanza trajo consigo en todas partes. Es la izquierda y su gusto por los estallidos sociales contra la propiedad.
Arma
El populismo es el arma detonante que fulmina a diestra y siniestra todo lo que está a su alcance. El objetivo final: ¡la revolución social!
Pobreza
Inseguridad, invasión y desinversión crean pobreza y desempleo. Constituyen efectos de algo que no se está viendo con el debido rigor.
(*) Catedrático de materias jurídicas y económicas en UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.