Actualización de haberes: posibles implicancias macrofiscales y costos

La Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, o más conocida como “Caja Fiscal” atraviesa, desde hace años, una complicada situación financiera, pero en los últimos meses ha sido puesta en el centro del debate. En tal sentido, ha encendido la alerta en todos los sectores, el proyecto de ley que propone actualizar anualmente los haberes jubilatorios y de pensión de los funcionarios públicos y empleados del programa contributivo civil a los salarios de los activos.

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GENTILEZA

Es de recordar que, al cierre del 2021, el déficit fue de US$ 167 millones o 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB). De este monto, alrededor de US$ 137 millones fueron solventados con recursos generales o impuestos. Con un promedio de US$ 120 millones anuales, solo en la última década, se destinaron US$ 1.200 millones para responder el descalce de los programas deficitarios de la Caja Fiscal, de acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda.

Las estimaciones para este 2022 dan cuenta que el déficit ascendería a US$ 224 millones, donde el programa no civil llegaría a US$ 153 millones y el civil a US$ 71 millones.

La Caja Fiscal cuenta con aproximadamente US$ 800 millones entre reservas acumuladas e inversiones realizadas en el sistema financiero del país. Sin embargo, debido al creciente déficit en los próximos años, el descalce provocaría el agotamiento de los recursos acumulados en el año 2026.

A la descrita situación se le suma la propuesta de actualizar el haber jubilatorio con un aporte por parte del Estado de 9,5% para dar cubertura a la actualización de los haberes, lo cual generaría un costo adicional de US$ 220 millones. Con el déficit de los no civiles, exceptuando el pago de gratificaciones (US$ 140 millones) más el descalce de civiles (US$ 62 millones), el costo solo en el primer año del proyecto de ley, sería de US$ 422 millones de recursos del Tesoro, lo que significaría el agotamiento total de los fondos disponibles de la Caja Fiscal, no en cuatro años sino en dos años.

Ante la insostenibilidad del sistema, surgieron una serie de alternativas de financiamiento que podrían ir desde la aplicación de un sistema de prorrateo para el pago de los haberes, sacrificar lo que quedan de los recursos de programas sociales y gastos de capital financiados con impuestos hasta aumentar la tasa de ciertos tributos. En este último punto y considerando el comportamiento de los ingresos tributarios, desde el Ministerio de Hacienda mencionaron la posibilidad de aplicar un incremento del Impuesto al Valor Agregado del 10% al 12%, el del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) al 14% o la combinación de ambos, un incremento del IVA del 11% e IRE del 12%.

En esta edición, la Consultora MF Economía e Inversiones, presenta y analiza las posibles implicancias macrofiscales, así como el costo empresarial de la implementación de algunas de las medidas planteadas para solventar los nuevos beneficios a los haberes jubilatorios del sector público.

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