Podemos afirmar, a 53 años de la firma del tratado y a 2,5 años de la fecha establecida para la revisión del mismo, que es una entera falacia. ¿Y por qué lo decimos una vez más? Porque el negocio fue malo y perjudicial para el Paraguay. Vayamos, una vez más a la explicación detallada.
El presupuesto histórico con los siete componentes del costo y sus respectivos montos discriminados para generar el único producto, la electricidad, ya existía desde el inicio de la operación de la primera máquina de la CHI en 1984/85. Esto fue apenas la secuencia lógica de una mala negociación desde los tiempos de la operación y mantenimiento. Ya había quedado atrás la etapa de la construcción y montaje, con tremendas ventajas financieras y económicas para el Brasil, pero se venía lo más importante, la comercialización.
Todo el Paraguay sabe que Itaipú fue para nuestro “socio condómino” un negocio financiero, en primer lugar, y un negocio para su desarrollo, en segundo lugar.
Brasil sacó recursos de un bolsillo y los metió en el otro; además se quedó durante 42 con energía limpia, barata; segura. Las cifras lo atestiguan a pesar del eslogan de Itamaratí y de los ingenieros paraguayos de 60 Hertz: “Paraguay solo puso el agua”.
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Muchos sobrevalorizan el concepto estratégico del tratado como un logro del stronismo; otros, en contrapartida, pensamos que la obra se hubiese construido de cualquier manera, sea quien fuere el presidente. La necesidad energética brasileña estaba por encima de cualquier ideología de izquierda, centro o derecha. No obstante, está claro que, en los tiempos de la guerra fría y de alianzas de dictaduras militares de derecha, los negocios entre Paraguay y Brasil fueron más fáciles.
Hoy, construir una gran represa en un río de llanura sería una tremenda utopía, tanto por los costos ambientales como sociales, especialmente desde la intervención del Foro de Davos y el Acuerdo de París. Es lo que todavía evita una gran represa en el río Amazonas y el río Paraguay, por ejemplo, pero vayamos al presupuesto del ejercicio 2024, el último publicado por la Itaipú Binacional (IB). Los años 2025 y 2026 son casi similares en montos.
Según la Itaipú: “El ejercicio 2024 presentó un saldo positivo de US$ 639,4 millones, resultante de la diferencia entre el ingreso operacional de US$ 2.854,8 millones y el costo del servicio demostrado en la tabla, de US$ 2.215,4 millones. Con este resultado el saldo acumulado de la cuenta de explotación que era de US$ 40,9 millones en 2023, pasó a US$ 680,3 millones al final del ejercicio de 2024”. Esta cifra realmente es la pérdida de la ANDE y ENBPar por sobrefacturar la tarifa y es exactamente lo que venimos denunciando desde setiembre del 2024.
(1) Tarifa energía 2024 según Memoria Itaipú. Se obtiene dividiendo el presupuesto general binacional con la energía garantizada anual. La unidad obtenida es en US$/MWh; tenemos así hasta el 2022 aproximadamente: 3.291.012.000 US$/75.134.520 Mwh = 43,80 US$/Mwh. La tarifa de energía del 2023 fue la más baja en toda la historia, pero aun así fue inflada. Fue establecida durante el gobierno de Marito.
(2) Tarifa pagada por la ANDE (energía cara + energía barata) según balance 2024 de IB. Esta tarifa preferencial es la que muchos conocen como “complacencia interesada”. En otras palabras, una migaja que Brasil permite para que nuestro “buque insignia” no colapse y que los usuarios finales sobrevivan. Con el nuevo Anexo C se debería incluir una cláusula de reajuste de las tarifas y no dejarla al azar como la actual “cesión”, o como nuestra tan criticada “caja fiscal”. La ANDE contrata potencia de IB en un 70 % cara y un 30 % barata. Este el mix le permitió sobrevivir a décadas de pérdidas técnicas, robo, morosidad e ineficiencia.
(3) La tarifa de potencia se obtiene dividiendo el presupuesto anual por la potencia instalada disponible con seguridad y se calcula por mes. Es decir: KWmes. Por ejemplo: 3.291.012.000 US$/145.620.000 = 22,60 (hasta el 2022).
(4) Tarifa de potencia ideal planteada en el Plan B sería, por Ej: US$ 1.456.200.000/145.620.000 Kwmes = 10 US$/KWmes
Conclusión: Lo que realmente consiguió el presidente Peña con el Acuerdo Santi – Lula es una pérdida monumental; reiteramos, inclusive empeoró la ya inflada del 2023, ya sin el servicio de la deuda. La tarifa del acuerdo Santi – Lula es de US$ 19,28/Kwmrs y la tarifa de Marito era de US$ 16,71/Kwmes. En otras palabras, Marito ya perdió con una tarifa inflada, pero Santi perdió mucho más con el acuerdo trienal.
Si hacemos el cálculo sencillo de: US$ 2,57/Kwmes (diferencia tarifaria entre 2023 y 2024) x 12.135 MW (potencia disponible para contratación) = US$ 374.243.400 = Diferencia tarifaria negativa entre 2023 y 2024 en adelante, o sea pérdida según el Anexo C. Si a esta cifra le sumamos los pequeños gastos que aparecen en el presupuesto oficial, ¡resulta casi exacto!
Calculando de otro modo; presupuesto actual: US$ 19.28/Kwmes x 12.135 MW = US$ 2.807.553.600. Presupuesto 2023: US$ 16.71/Kwmes x 12.135 Mw = US$ 2.433.310.200. Es decir, US$ 2.807.553.600 - US$ 2.433.310.200 = US$ 374.243.400. Pérdida solamente en el 2024.
Pero, dividiendo la pérdida US$ 374.243.400/2 (PY/BR) = US$ 187.121.700 obtenemos la merma anual para cada socio, solamente en la venta de energía a causa de una tarifa irreal.
Es decir, el monto de US$ 187.121.700 es la diferencia tarifaria que la ANDE fue obligada a pagar. De estos US$ 187.121.700 en el 2024, la Itaipú, margen derecha, devolvió a la ANDE la diferencia tarifaria conforme la contratación de 2.369 MW de potencia. Esta diferencia conocida por pocos, sobre una contratación de 2.369 MW, nos arroja finalmente: 2.369 MW x US$ 2.57/Kwmes = US$ 73.059.960. Deduciendo finalmente: US$ 187.121.700 - US$ 73.059.960 (devolución) = US$ 114.061.740, monto total obtenido por el gobierno actual con el acuerdo tarifario trienal. Ni un solo dólar más.
Como verá el amable lector, los supuestos US$ 1.250.000.000 son parte de una grandiosa falacia que el gobierno consiguió instalar en el imaginario colectivo. Fue mal asesorado y alguien quiso usar el slogan de “vamos a estar mejor”, inclusive en el ámbito energético, y le salió mal. Lo cierto y lo concreto es que el resultado de la negociación tarifaria perjudicó a la ANDE en la compra del combo más caro en toda su historia de malos negocios. Los antecesores de Santi Peña lo manejaron mejor.
Ahora, a mitad del mandato del presidente Peña, resulta extremadamente negligente que no se ejerza nuestra soberanía plena vendiendo nuestros excedentes a precio de mercado, por un lado, e incluyendo esos ingresos adicionales al presupuesto de la Nación. El presidente anterior por lo menos habló de “pillos y peajeros” y trató de introducir los faraónicos beneficios laborales y sociales al presupuesto de gastos de la nación.
Mientras los montos siderales de los “gastos discrecionales” se sigan usando para financiar la campaña colorada durante cada período, no se avizora en el horizonte un cambio real. Será cháchara política, así como la reestructuración de la “caja fiscal”.
*Ing. Agrónomo, Electricista y Lic en Teología. Msc en Planificación y cursante en lenguas semíticas Universidad Hebrea de Jerusalén. Ex Superintendente de Energías Renovables de IB.