Sin embargo, este movimiento en la cartera de Estado también refleja una realidad muy arraigada en las instituciones gubernamentales: la escasa influencia y la falta de apoyo que tienen los técnicos por parte del sector político por un lado, y la ausencia de una política de Estado que sea transversal a los gobiernos, por el otro. Esto repercute directamente en la ejecución, control y eficiencia de los gastos, ya que a partir del tercer año de gestión de los cinco que contempla la Constitución Nacional, el eje de la agenda del poder ejecutivo empieza a girar en torno a las próximas elecciones presidenciales.
Consecuencias
En primer lugar, con una presión tributaria del 11,4% del PIB, la más baja de la región, y con una evasión fiscal del IVA entre 30-36% o del IRE entre el 40-45%, las principales fuentes de ingresos tributarios del país, es fundamental abordar la evasión fiscal y la elusión fiscal como prioridad. Esto debería considerarse la primera política de Estado para mejorar la ejecución de los gastos públicos.
En segundo lugar, la deuda pendiente de pagos a proveedores, que asciende a aproximadamente US$ 1.500 millones, hace que la supuesta reducción del déficit fiscal del 2,5% al 2% del PIB, equivalente a US$ 1.047 millones según el MEF, sea engañosa. No se puede hablar de éxito en el déficit fiscal cuando existe una deuda de tal magnitud.
En tercer lugar, las reformas estructurales esenciales, como la de la Caja Fiscal, queda en la práctica sin efecto, y es otro resultado de la falta de una política de Estado, ya que el problema va pasando de un gobierno a otro y ninguno está dispuesto a asumir el costo político de la reforma.
El exministro Carlos Fernández, como técnico, lo entendió muy bien. Mientras tanto, el problema crece año a año cual bola de nieve y nadie renunciará a sus privilegios si primero no lo hace la clase política.
Finalmente, la depreciación del dólar, resultado de la política exterior estadounidense, ya está generando pérdidas para los empresarios nacionales, y el contexto internacional anticipa una inflación global debido al aumento de los precios de los combustibles. Esto, como es sabido, afectará todas las cadenas productivas. Además, la disminución de ingresos provenientes de las binacionales, que viene aparejado a la caída del dólar, repercute directamente en los ingresos del Estado.
En resumen, las finanzas públicas atraviesan un momento muy sensible, que coincide con la salida de uno de técnicos más competentes con que cuenta el Paraguay. Sin embargo, si no hay voluntad política, aunque tengamos al frente de nuestra cartera de estado a un Premio Nobel de Economía, el saneamiento de nuestras finanzas públicas será imposible. El ejemplo debe venir de quienes crean, ejecutan y controlan las leyes. Solo así se podrán adoptar las reformas que han estado pendientes durante tanto tiempo.
(*) Economista; exdirectora general de política industrial del MIC; maestría en Economía, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica; maestría en Políticas Públicas, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires.