Cuando se escucha a ciertos personeros del gobierno, muy sueltos de cuerpo, sostener que el Paraguay en Itaipú se desangra, casi sin proponernos, invaden nuestra memoria frases como: “Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo”, así como raudales de incredulidad y desconfianza.
El martes último, en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Mburuvicha róga, que el Ejecutivo convocó para informar sobre la cancelación de un par de decretos con los que creó nuevos grupos de consumo de energía eléctrica en el país, escuchamos, de boca de sus emisarios (Marco Riquelme, ministro de Industria, y Javier Giménez, jefe de Gabinete) las canciones sobre ese cambio, evaluar aún su calidad.
El jefe de Gabinete del presidente Santiago Peña sostenía en la ocasión que el 50% de la energía paraguaya, lamentablemente, se sigue exportando, “cuando tenemos la misión de usarla en el país, crear industrias de todo tipo y apoyar el crecimiento de las mismas”.
La conversión del Gobierno colorado de turno –al menos de sus voceros–, ese cambio en su “manera de pensar”, ¿es sincera o, una vez más, se trata de un burdo intento de aprovechamiento de la vieja política gatopardiana: “Cambiar algo para que nada cambie”.
Especuló Giménez en la ocasión con la urgencia de modificar la matriz de consumo de nuestro país e inclusive admitió –tal vez su corresponsabilidad, porque es parte del Gobierno– que el país “sigue desperdiciando su riqueza en el mercado extranjero”.
Las imprecisiones de Giménez en sus declaraciones del martes último empujan a concluir que su real intención no es confiable, porque en los 42 años de producción que acumula la central Itaipú, el sistema eléctrico paraguayo utilizó apenas el 10,4%, y el abrumador 89,6% lo aprovechó el sistema brasileño.
Más impreciso sería si enfocásemos nuestra atención sobre el uso y cesión de la energía paraguaya al Brasil en esas cuatro décadas y dos años: tasa paraguaya de aprovechamiento: 20,8%. Tasa de cesión al Brasil, 79,2 %.
Otra nota ascendente en la escala de imprecisiones del licenciado Giménez: no exportamos energía al Brasil. Nunca lo hicimos, porque fieles a una interpretación del Tratado que nunca cuestionó el país, cedimos nuestro excedente, para colmo de males, en esos 42 años por un valor promedio de apenas US$ 4,5 por MWh cedido.
Es necesario que aprendamos la totalidad de las dimensiones con las que cuenta esta cantidad: US$ 4,5/MWh cedido.
En la conferencia de prensa en Mburuvicha róga, el presidente de la ANDE, el Ing. Félix Sosa, admitía que el costo medio de la energía de la empresa eléctrica estatal, si nos ubicamos en la perspectiva del Pliego de Tarifa Nº 21, es de US$ 33/MWh. Que la tarifa técnica trepa a US$ 44/MWh, que en 2012 a Río Tinto Alcán se le ofreció esta unidad por US$ 43/MW, monto que, según las declaraciones del entonces presidente de la estatal, Carlos Heisele, era un “precio preferencial”, negociable aún, porque la tarifa no debería ser inferior a US$ 60/MWh. Con la multinacional Atome aún se discute, se habla de una tarifa de US$ 30/MW.
Lo concreto, en el escenario de las cotizaciones, US$ 4,5/MWh nunca fue, nunca pudo haber sido, el “justo precio” que consagra el Acta Final de Foz de Yguazú y el Considerando del Tratado de Itaipú o tan solo “el precio de mercado”.
En el mensaje, “nuestro país sigue desperdiciando su riqueza (energética en el extranjero”, le damos la razón a Giménez, pero si nos ponemos de acuerdo en que el desperdicio no es una consecuencia de la “exportación” sino de la “cesión”, una inicua práctica, con la que nuestros gobiernos de turno siempre fueron complacientes, que rige no solo en Itaipú, sino también en Yacyretá, donde la tasa de utilización en 32 años rondó en torno al 7%, con un valor unitario de compensación por cesión de energía inferior a los US$ 10/MWh, más el agravante que nuestros socios, “por partes iguales”, nunca la abonaron en tiempo y forma.
A esta retahíla de concesiones en Yacyretá debe sumarse el acuerdo Peña-Milei de 2025, que inclusive impone a la ANDE un límite al aprovechamiento de su propia energía en esta binacional.
Entonces, en una primera conclusión, señalemos que si el gobierno colorado-cartista de turno cambió su modo de pensar, no solo en lo superficial, sino también en la profundo, debería aprovechar la revisión en curso del Tratado de Itaipú para exigir, además del “justo precio” que consagra el Acta de Foz y rescata el Tratado de Itaipú por su excedente, también la “justa compensación” por esos 42 años de explotación del excedente paraguayo por tan solo US$ 4,5 el MWh.
Sin embargo, el ocupante actual de Mburuvicha róga, en un primer tiempo aparentemente prometedor, excluyó de su pliego de reclamos consignas básicas justicieras, como la plena disponibilidad de su energía y el precio de mercado por el excedente energético paraguayo y optó por otras que inclusive trasgreden el Tratado de Itaipú.
Al filo del vencimiento del Acuerdo de Entendimiento paragauyo/brasileño se dieron cuenta de que, por ejemplo, sus puntos 5 y 7 no eran más que una propaganda partícipe con la política de Brasil en Itaipú.
¿Acaso nuestro país tuvo la posibilidad, “de inmediato”, de vender su energía al mercado libre brasileño”. Además de limitar el derecho paraguayo de elegir al comprador más conveniente, con algunos pases mágicos hizo que lo inmediato se volviera mediato, permanente, inclusive.
O el 7, que renueva el compromiso de revisar el Anexo C del Tratado de Itaipú, que la parte paraguaya de la energía de Itaipú no consumida por el Paraguay podrá ser vendida “libremente” al mercado brasileño, que tampoco se cumplió. Las tratativas sobre el Anexo C siguen congeladas o, en el mejor de los casos, mantenidas en secreto.
La “estrategia” del gobierno colorado-cartista no fue la recuperación de la soberanía paraguaya sobre el 50% de la energía de Itaipú y el “justo precio” por la energía cedida. Solo buscó cómo financiar –US$ 650,9 millones– un presupuesto paralelo, liberado inclusive de los controles constitucionales, legales de la República.
Solo 10,4% en 42 años
El sistema eléctrico paraguayo utilizó apenas el 10,4% de la producción de Itaipú; el abrumador 89,6% lo aprovechó el sistema brasileño.