Paraguay atraviesa uno de sus mejores momentos en términos de percepción macroeconómica internacional, pero al mismo tiempo enfrenta el desafío de proteger un activo menos visible: su reputación como destino previsible para inversiones de largo plazo. La discusión adquirió relevancia con el proyecto de Atome en Villeta y los cambios introducidos en 2026 en el esquema regulatorio para grandes consumidores de energía.
El riesgo reputacional de un país no se limita a una mala noticia o a una controversia puntual. En materia de inversiones, está relacionado con la percepción que construyen empresas, bancos y fondos internacionales acerca de la capacidad de un Estado para mantener reglas claras, transparentes y previsibles. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera que un marco regulatorio justo, claro, transparente y previsible constituye un factor crítico en las decisiones de inversión. El Banco Mundial (BM) también ha identificado al entorno político, la estabilidad macroeconómica y las condiciones regulatorias entre los factores más importantes para los inversionistas extranjeros, incluso por encima de impuestos bajos o costos laborales reducidos.
La cuestión adquiere mayor importancia para Paraguay precisamente porque el país ha avanzado en dirección contraria al riesgo durante los últimos años. En julio de 2024, Moody’s elevó la calificación soberana de Ba1 a Baa3 con perspectiva estable, con lo que Paraguay obtuvo por primera vez el Grado de Inversión. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) atribuyó entonces el resultado, entre otros factores, a más de dos décadas de políticas macroeconómicas responsables, consistentes y predecibles. En diciembre de 2025, Standard & Poor’s otorgó una segunda calificación de Grado de Inversión, BBB- con perspectiva estable.
El desempeño también se refleja en el flujo de capitales. El Banco Central del Paraguay (BCP) registró en 2024 un flujo neto de inversión directa de US$ 931 millones, un crecimiento del 15% frente a 2023, resultado de entradas brutas por US$ 3.291 millones y salidas por US$ 2.360 millones. Es justamente sobre ese capital reputacional que aparece el debate de Atome.
Atome: de inversión emblemática a incertidumbre
El 24 de abril de 2026, el Gobierno paraguayo destacó públicamente la decisión final de inversión de Atome para construir en Villeta una planta de fertilizantes nitrogenados de bajas emisiones. La inversión anunciada ascendió a US$ 665 millones, entre deuda y capital, con una capacidad prevista de 260.000 toneladas anuales. En ese momento, la comunicación oficial presentó al proyecto como una señal de la capacidad de Paraguay para captar inversiones industriales de gran escala.
El respaldo financiero tampoco era menor. BID Invest informó que coordinó un paquete de deuda por US$ 420 millones, dentro de una inversión directa que esa institución estimó en aproximadamente US$ 650 millones. La Corporación Financiera Internacional (IFC) confirmó en marzo la firma de los documentos de financiamiento de deuda, mientras el Banco Europeo de Inversiones anunció hasta US$ 95 millones para el proyecto.
Sin embargo, el 9 de junio de 2026, apenas 46 días después del anuncio oficial de la decisión final de inversión, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto los Decretos Nº 5306 y 5307, del 16 de enero, y los Decretos Nº 5860 y 5861, del 24 de abril, vinculados con las denominadas industrias convergentes y el uso intensivo de energía.
La presidencia justificó la medida en la necesidad de fortalecer la sostenibilidad del sistema eléctrico, preservar la competitividad y garantizar un aprovechamiento responsable de la energía paraguaya. Es una consideración económica legítima: la previsibilidad para el inversionista no supone que el Estado deba renunciar a revisar políticas que puedan generar costos para una empresa pública o para el sistema eléctrico.
El punto de discusión es qué ocurre cuando esa revisión se produce después de que un proyecto avanzó en su estructuración financiera bajo determinadas condiciones.
Juan Pablo Nogués, Country Manager de Atome Paraguay, explicó que la compañía lleva unos 5 años desarrollando el proyecto y afirmó que ya acumuló cerca de US$ 50 millones invertidos entre terrenos, ingeniería y otros trabajos. También señaló que el proyecto cuenta con un acuerdo “take or pay” con Yara International para el 100% de la producción.
De acuerdo con el ejecutivo, la empresa había dado la orden de inicio de determinadas obras a fines de mayo, pero retrocedió después de la derogación del Decreto Nº 5307. Nogués aclaró, además, que entre los elementos pendientes estaba el contrato de suministro de energía. Por esa razón, no corresponde afirmar que el Estado paraguayo rompió un contrato eléctrico definitivo con Atome. Lo comprobable es que cambió el marco regulatorio sobre el cual el proyecto había avanzado en su decisión de inversión y estructuración financiera.
Actualmente, la empresa busca un nuevo esquema. Nogués indicó que Atome planteó a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) una tarifa de US$ 35 por MWh durante los primeros 5 años y US$ 37 por MWh entre los años 6 y 10, mientras que desde el año 11 la empresa propone que la ANDE vuelva a determinar unilateralmente el precio. La previsibilidad requerida durante la primera década está vinculada, explicó, con el período de repago de la financiación.
El impacto trasciende a una empresa. El ejecutivo admitió que la derogación produjo un efecto reputacional y generó preocupación entre los inversionistas comprometidos con el proyecto.
Una década de megaproyectos y distintas respuestas institucionales
Paraguay tiene antecedentes recientes que muestran tanto los costos de una reversión como mecanismos para administrar cambios sin eliminar previsibilidad.
Uno de ellos fue la ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, estructurada como Alianza Público-Privada. Documentos del entonces Ministerio de Hacienda contemplaban un contrato de 30 años, una inversión en obras de US$ 115,7 millones y costos de operación y mantenimiento estimados en US$ 545 millones, con un costo total proyectado de US$ 661 millones.
El proceso, finalmente, no avanzó después de las objeciones planteadas por la Contraloría General de la República a la licitación. No es un caso directamente comparable con Atome, porque allí existían cuestionamientos institucionales al procedimiento de contratación; sin embargo, constituye un antecedente de cómo una inversión de gran escala puede quedar truncada después de una extensa etapa de estructuración pública y privada.
Una experiencia diferente ocurrió con la APP de las antiguas rutas 2 y 7, actual PY02. En marzo de 2017 se firmó el primer contrato de APP de Paraguay, por 30 años y con una inversión inicialmente informada en US$ 527 millones. Años después, el contrato también sufrió modificaciones, pero estas se canalizaron mediante instrumentos contractuales. En 2025, por ejemplo, una nueva adenda incorporó obras por alrededor de US$ 180 millones.
La diferencia económica es relevante: cambiar una condición no necesariamente destruye previsibilidad si existen reglas conocidas para modificarla.
Estabilidad como herramienta de atracción
Otros megaproyectos muestran que el propio Paraguay reconoce el valor de garantizar estabilidad en inversiones que requieren décadas para recuperar capital.
En 2020, el Estado firmó el contrato de concesión de Zona Franca para Omega Green, entonces anunciado con una inversión de US$ 800 millones.
También Paracel, otro de los mayores proyectos industriales de la historia paraguaya, optó por el régimen de Zona Franca. El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) informó una inversión proyectada cercana a US$ 4.000 millones, mientras que la Presidencia reportó en mayo de 2026 más de US$ 1.500 millones ya invertidos, unas 203.000 hectáreas incorporadas al proyecto y más de 100.000 hectáreas plantadas.
La estabilidad no es solo un argumento comercial. La Ley Nº 523/95 establece expresamente que futuros cambios en la legislación tributaria no pueden aplicarse a quienes ya se acogieron al régimen de Zonas Francas, salvo que estos opten por el nuevo esquema.
La nueva Ley Nº 7548/2025 de incentivos fiscales adoptó una lógica similar respecto a las inversiones anteriores: los proyectos que ya estaban acogidos a la Ley N° 60/90 continúan sujetos a las disposiciones aplicables al momento en que recibieron sus beneficios.
El costo de la incertidumbre
El desafío para Paraguay no consiste en congelar las políticas públicas ni conceder condiciones económicamente inconvenientes para garantizar una inversión. Un Estado necesita preservar su capacidad de regular y la ANDE debe proteger la sostenibilidad del sistema eléctrico.
El desafío está en hacer compatibles ambas necesidades: capacidad regulatoria y previsibilidad.
Para inversiones de cientos o miles de millones de dólares, una modificación regulatoria puede alterar proyecciones de ingresos, servicios de deuda, tasas de retorno y condiciones exigidas por los financiadores. Cuando eso ocurre después del cierre de etapas críticas, el impacto deja de limitarse al proyecto afectado: pasa a formar parte de la evaluación que otros inversionistas realizan sobre el país.
Paraguay consiguió en julio de 2026 que Moody’s ratificara su Baa3 con perspectiva estable, respaldada por el crecimiento económico, la deuda pública relativamente baja y la continuidad del marco de responsabilidad fiscal.
Ese reconocimiento constituye un activo que llevó décadas construir.
Por eso, el caso Atome será observado más allá del precio finalmente acordado por megavatio hora. El resultado también enviará una señal acerca de la forma en que Paraguay maneja cambios regulatorios cuando existen cientos de millones de dólares comprometidos.
El capital puede incorporar una tarifa más alta a sus modelos financieros. Puede ajustar rentabilidades e, incluso, absorber nuevos costos.
Lo más difícil de calcular es la incertidumbre sobre cuáles serán las reglas después de tomada una decisión de inversión. Y precisamente allí comienza el riesgo reputacional.
Desafío para el país
El desafío para el país no consiste en congelar las políticas públicas ni conceder condiciones económicamente inconvenientes para garantizar una inversión.
Alterar proyecciones
Para inversiones de cientos o miles de millones, un cambio regulatorio puede alterar proyecciones de ingresos, servicio de deuda, tasas de retorno y condiciones exigidas por financiadores.
