Corte y fiscalía pagan G. 8.350 millones al año a comisionados

Más de US$ 1.650.000 al año pagan el Poder Judicial y el Ministerio Público a los funcionarios comisionados en distintas instituciones, la mayor cantidad en la Municipalidad de Asunción y las Cámaras de Senadores y Diputados. Tanto la Corte como la Fiscalía están obligadas a saber si estos empleados pagados con el dinero del pueblo cumplen o no efectivamente funciones. Las autoridades judiciales y fiscales son responsables del buen uso del dinero público. Deben cuidar que no se esté pagando a planilleros. De lo contrario, se exponen a procesos penales.

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Según la página de transparencia del Poder Judicial, la Corte comisionó a 84 funcionarios en diferentes instituciones públicas con sueldo de un poco menos de G. 3 hasta casi G. 7 millones. Estos funcionarios mensualmente le cuestan a la ciudadanía, ya que se les paga con dinero público, unos G. 365.437.86 y G. 4.385.253.792 al año.

De los 84 funcionarios, 17 están comisionados a la Municipalidad de Asunción y 2 en la junta de la referida comuna. Llama la atención la cantidad de comisionamiento en la referida institución atendiendo que la misma está sobrecargada de empleados. La Corte debería conocer bien cuál es la función que cumple cada una de esas personas, que cobran entre G. 4 y 5 millones.

En la lista también figuran 6 funcionarios comisionados a la Cámara de Diputados y 12 a Senadores.

En los ministerios de Justicia e Interior, Itaipú, Senad, Presidencia de República, Salud Pública, Senavitat, Instituto Forestal Nacional, Justicia Electoral, Procuraduría General y Ministerio de la Mujer, entre otras instituciones, también aparecen los empleados del Poder Judicial.

La Corte, al ser consultada sobre este tema, informó a través de su Secretaría General que en la plenaria de la semana pasada se resolvió solicitar informe sobre la nómina de funcionarios comisionados a otras instituciones, cuyas autoridades deben detallar las funciones que cumplen y los horarios de entrada y salida. La respuesta se debe dar en el plazo de tres días, de acuerdo a una nota que los ministros dirigieron a la directora interina de recursos humanos, Rosa Szarán.

Presupuesto

El presupuesto total del Poder Judicial para este año fue de G. 1.276.935.531.146. Creció un 14% con relación al año pasado, que fue de G. 1.121.650.398.955.

Del total de dinero disponible en el 2015, la Justicia destina el 74%, que son G. 948.345.992.991, a servicios personales. Dentro de este rubro, 588.924.856.238 guaraníes son para el pago de sueldos, en donde hubo un incremento de G. 97.939.179.260 en comparación al 2014 que se dispuso de G. 490.985.676.978.

Para el grupo de los servicios no personales, que incluye, entre otros, servicios básicos, transporte y almacenaje, pasajes y viáticos, alquileres, adiestramiento, etc., también hubo un incremento, ya que de G. 114.000 millones pasó a G. 159.000 millones.

En los dos rubros de pasajes y viáticos, por ejemplo, por un lado hubo un incremento de G. 3.087 millones y por el otro, una reducción de G. 1.283 millones, según los datos.

Ministerio Público

Los datos que aparecen en la página de transparencia del Ministerio Público revelan que dicho órgano comisionó 72 funcionarios a otras instituciones. Al igual que el Poder Judicial, la fiscalía también envió la mayor cantidad a la Municipalidad de Asunción. Luego aparecen las dos cámaras del Congreso y los distintos ministerios dependientes del Ejecutivo.

Varios funcionarios fiscales cumplen funciones en el Ministerio del Interior y la Secretaría Anticorrupción. Esta situación se debe a que en la primera secretaría de Estado es titular el exfiscal Francisco de Vargas, quien llevó con él numeroso funcionarios que estaban en la Unidad Antidrogas del Ministerio Público.

En Anticorrupción está la fiscala Soledad Quiñónez, quien igualmente solicitó el comisionamiento de funcionarios de su confianza, cuando cumplía tareas en la Unidad de Marcas del Ministerio Público.

La situación de Quiñónez, al igual que la del titular de Migraciones, Jorge Kronawetter y el viceministro del Interior, Javier Ibarra, es violatoria de la Constitución Nacional, ya que tienen las mismas incompatibilidades que los magistrados. Esto lo señaló en un dictamen el Jurado de Enjuiciamiento, que hasta el momento hizo la “vista gorda” al caso.

Con respecto a los comisionados, la Fiscalía General del Estado, a través de su jefe de Gabinete, Roberto Zacarías, informó que la institución solicita cada periodo de tiempo un informe a las instituciones en las que se les comisionó a los 72 empleados.

Por otro lado, el Ministerio Público tiene diez comisionados de otras instituciones, entre ellas el Ministerio del Interior, la Municipalidad de Asunción, Ministerio de Hacienda, Ande, Salud Pública y Secretaría de Deportes.

cbenitez@abc.com.py

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