Escándalo de la UNA salpica a concejal liberal

Los fiscales de Delitos Económicos Martín Cabrera y Josefina Aghemo realizaron la tercera ampliación de imputación por el caso de la UNA. Esta vez, incluyeron a ocho personas.

El concejal liberal de Lambaré, Lorenzo Mendieta, fue imputado como cómplice de cobro indebido de honorarios y como autor de producción de documentos no auténticos.

Según la Fiscalía, el político pidió al entonces intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, los comisionamientos de 17 personas que ya están imputadas en esta causa por cobro indebido de honorarios.

Se trata de Carlos Juan Ocampos Pérez, Lucio Ramón Agüero González, Bilfia Aria Villasboa, Gladys Beatriz Benítez Caballero, Óscar Víctor Benítez, Silvia Carolina Brítez Riveros, Carlos Javier Carrasco Galvez, Leónida Castillo Duarte, Juan Carlos González Núñez, Jorge Antonio Marc Insfrán, Bartolomé Darío Martínez Cabrera, Vicente Núñez Vera, Nery Alberto Patiño, Hugo Ricardo Portillo Rodríguez, Osvaldo Javier Guido Rufinelli López, Cristina Concepción Sánchez Villalba y Luisa Elizabeth Torres Mendieta. Todos figuraban como funcionarios de la Facultad de Veterinaria de la UNA.

“Se pudo constatar que las planillas donde obraban las supuestas asistencias de los mismos, aún se encontraban en la sede municipal, sin haberse remitido a la institución... Así también en oportunidad de su declaración testifical el señor Roberto Cárdenas, en sede fiscal manifestó que desconocía la situación de los funcionarios mencionados y no había firmado las resoluciones de aceptación de dichos comisionamientos”, se desprende del escrito de imputación.

Por su parte, el director del Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Lambaré, Mauro Palacios, indicó que dichos funcionarios habían sido comisionados a pedido del Concejal Lorenzo Mendieta y complicó más la situación de este porque lo involucró en otro hecho punible.

“... el concejal Lorenzo Mendieta le habría ordenado la confección de notas de remisión de las planillas de asistencia de los funcionarios, desde los meses de enero a setiembre del corriente año”.

Según Palacios, Mendieta le había solicitado las “planillas en blanco” y “días después le trajo las planillas totalmente llenas con las firmas de dichos funcionarios desde los meses de enero a setiembre del corriente año”, sin que las mismas hayan sido remitidas a la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde debían ser remitidas desde inicio del año. Es por esto que el concejal fue imputado por producción de documentos no auténticos y como cómplice de cobro indebido de honorarios.

“Caseros” de la “comepapeles”

Los fiscales Cabrera y Aghemo imputaron a María del Carmen Martínez, presa en el Buen Pastor por intentar destruir evidencias de la UNA. La misma se desempeñó como jefa de Departamento Talentos Humanos e hizo figurar a dos “caseros” de su casa quinta como funcionarios de la Facultad de Veterinaria.

Los “caseros” son Umelio Darío González López (con una antigüedad de 6 años) y Enrique Cuevas Romero (1 año y 7 meses). El primero aparece como auxiliar administrativo y el segundo como técnico especializado y profesor (sin contar con la preparación académica y el perfil para acceder a los cargos). Ambos poseen sueldos de G. 4 millones. Sin embargo, en sede fiscal tanto González como Cuevas indicaron que cumplían funciones en la granja particular de la señora María del Carmen Martínez Méndez y desconocían que figuraban como funcionarios de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Los “caseros” relataron a los fiscales que por los trabajos que realizaban percibían la suma de G. 1.600.000, sueldo que recibían en forma mensual y en efectivo por parte de Martínez Méndez. “Recién en el mes de setiembre del corriente año (cuando saltó el escándalo) ambos recibieron de una persona desconocida sus tarjetas de débito del Banco Itaú, de donde debían percibir sus sueldos como funcionarios de la Facultad de Ciencias Veterinarias y se percataron recién en ese momento que sus remuneraciones mensuales eran muy superiores a lo que venían percibiendo por parte de la señora María del Carmen Martínez”, dice la imputación.

Se suman seis “planilleros”

El Ministerio Público decidió imputar a seis presuntos “planilleros” más de la UNA por cobro indebido de honorarios.

Con relación a Diego Alberto Oviedo Samudio, la Fiscalía aduce que aparece como comisionado a la Municipalidad de San Lorenzo. Sin embargo, en la comuna no se lo conoce y tampoco posee planillas de asistencia.

Respecto a Perla López Villalba, Nelson Édgar Benítez Ayala y Ramón Benítez González, el Ministerio Público corroboró que figuraban como comisionados a la Cámara de Diputados, a pedido del diputado liberal Dionicio Amarilla. Sin embargo, en la Cámara Bajac no constan ni siquiera resoluciones de aceptación de los comisionamientos y ninguno prestó servicios allí ni en la Facultad de Veterinaria de la UNA.

Con relación a Perla López, la misma aparece también como comisionada en el año 2013 a la Municipalidad de Fernando de la Mora, pero allí tampoco obra ningún documento que avale ese comisionamiento. Sin embargo, se pudo constatar que la mujer es a su vez “docente escalafonada” del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y que se encuentra cumpliendo funciones en la Escuela “Dr. Carlos Pastore” en los turnos mañana y tarde, “por lo que no pudo haber cumplido funciones en la Cámara de Diputados donde se encontraba comisionada”.

Por su parte, Lizza Karina Lugo Rolón cuenta con rubros de profesor en Veterinaria, pero sin siquiera contar con un título académico que respalde su designación de docente, requisito esencial para acceder a dicho rubro, por lo que no tiene la “idoneidad técnica requerida, méritos ni aptitudes” para acceder al cargo. “No habiendo por lo tanto una contraprestación de servicios”.

Finalmente, la Fiscalía alega que José Daniel Chamsin Cáceres posee rubros de sereno y de profesor en la Facultad de Veterinaria y tampoco posee título académico que respalde su designación como docente. “No habiendo por lo tanto una contraprestación de servicios por parte del mismo por el sueldo que percibía”.

“Pelota tata” entre magistrados

El proceso por lesión de confianza, cobro indebido de honorarios y otros delitos por el escándalo de “planilleros” en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) está sin juez debido a la cadena de inhibiciones e impugnaciones tras la recusación contra el magistrado original de la causa, Alcides Corbeta, por parte del propio exrector Froilán Peralta. Esto convierte la causa en una verdadera “pelota tata”.

Mientras tanto, ni siquiera hubo un juez interino de Corbeta. Esto es así porque Óscar Delgado se ausentó unos días por motivos de salud, pero antes resultó sorteado para suplir a su colega.

A su vez, el “interino” de Delgado fue Hugo Sosa Pasmor, quien se inhibió del proceso por supuesta amistad con Froilán Peralta. Sin embargo, el juez que de nuevo resultó sorteado, Rubén Ayala Brun, impugnó su inhibición con el argumento de que “no acompañó ninguna prueba documental a los efectos de justificar su inhibición”.

Llevar a San Lorenzo

Mientras tanto y para que ya no intervenga Alcides Corbeta, la abogada de Froilán Peralta, Sara Parquet, planteó una excepción de incompetencia, por considerar que el proceso debe ser tramitado en San Lorenzo.

De hecho, la Cámara de Apelaciones de Central es la competente en esta causa, pero no puede resolver la solicitud de Parquet porque se encuentra recusada por el coprocesado Juan Gualberto Caballero, exdecano de la Facultad de Veterinaria, que al igual que Peralta sigue preso en Tacumbú.

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