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Ocho horas laborales
Hace unos meses se estaba queriendo implementar el horario de ocho horas laborales a todas las instituciones del Estado, como políticas públicas en forma general, pero en ningún momento escuché un análisis serio de la disposición constitucional de las ocho horas laborales y mucho menos de la sobrecarga laboral en la esfera penal, específicamente de lo que está haciendo la Fiscalía.
No debe confundirse la disposición de la Constitución Nacional que en su Artículo 91 dispone que la jornada laboral ordinaria “tendrá una duración máxima de ochos horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales”; ello claramente se entiende como un límite, pero de ninguna manera como una obligación que toda jornada laboral deba extenderse como horario máximo. Al contrario, la misma norma a renglón seguido dispone que “la ley fijará jornadas más favorables para las tareas insalubres, peligrosas, penosas, nocturnas, o las que se desarrollen en turnos continuos o rotativos”.
Sobre ello me permito opinar con conocimiento de causa, basado en la experiencia adquirida en esa institución, que resultaría una verdadera irracionalidad que el horario fijo sean de ocho horas diarias, como se pretendió en algún momento implementar, pues el funcionario de la Fiscalía que aparentemente cumple un horario de 7 a 13 horas de lunes a viernes, en la práctica constituye más que un mero formalismo, ya que permanentemente está pendiente del sistema de turno, que muchas veces implica más de 20 horas diarias, sin importar frío, calor, lluvia o tormenta. Tampoco tiene remuneración extraordinaria por trabajar a la madrugada o días feriados.
El Ministerio Público cubre las veinticuatro horas con un sistema de turno, de manera que la sociedad en ningún momento puede dejar de contar con los servicios asignados a esta institución. De ahí que la modificación de un horario rígido iría en contra mismo del presupuesto del Estado, ya que aparte de hacer cumplir el trabajador el horario límite de ocho horas, se deberá abonar a este horas extraordinarias, peligrosidad, insalubridad, etc. Pero ello de ninguna manera puede soslayarse en contra del trabajador, pues el funcionario fiscal, que resulta ser una persona capacitada permanentemente, exigiendo la ley para el cargo de asistente fiscal tiene que ostentar el título de abogado, y los cargos inferiores cuando menos estudiantes de facultades de Derecho, y sin embargo, a pesar de toda la tarea agotadora, peligrosa, insalubre, imprescindible en todos los casos, no resulta remunerada como corresponde.
De ahí que un derecho (duración máxima de jornada laboral) no puede confundirse como una obligación. Y resulta por todos conocidos que la función fiscal implica el despliegue no solo de oficina (seis horas), sino también horarios nocturnos, sin importar fenómenos climatológicos o días de feriado; y además, si se establece que el horario es de ocho horas de oficina, el Estado deberá pagar por horarios extraordinarios a los funcionarios fiscales, que en la práctica actualmente se da a diario, no siendo remunerado en lo más mínimo, y mucho más si comparamos con otras funciones de la administración pública que no realizan tanto despliegue personal como en el Ministerio Público.
Sobrecarga funcional
El funcionario fiscal despliega cuatro factores como carga en su persona: una física, la intelectual, la psicológica y la inseguridad. La física, corresponde a toda la tarea de allanamientos, constituciones, declaraciones, investigaciones donde sea, entre otros. La intelectual, que constituye la elaboración de los dictámenes jurídicos, las fundamentaciones ante los estrados jurisdiccionales en las distintas etapas de un proceso penal, recursos, etc. La psicológica, atiende todos los días a decenas de personas quienes absolutamente todas sufren cualquier clase de problemas, sea víctima o procesados, absorbiendo el funcionario fiscal todo el trauma de una víctima de un hecho punible, por ejemplo de violencia familiar, estafa, violación, robo, etc, realizando una verdadera contención psicológica aparte de la asistencia jurídica, y durante toda la colección de pruebas hasta el juicio oral resulta ser su soporte anímico y espiritual de todos los días, multiplicándose en centenares de casos, y todo el pródromo de esa sobrecarga. Por último la inseguridad, que resulta ser un verdadero problema a enfrentar en las distintas audiencias a los procesados, sean poderosos de guante blanco, asaltantes, violadores, integrantes de asociaciones criminales, etc., siendo que el funcionario fiscal no porta arma ni otro aspecto similar, por lo que en su oficina u otro desenvolvimiento de su vida privada y familiar, entraña un peligro permanente ser funcionario en la persecución penal, sin obviar que durante la investigación concurre a lugares peligrosos y en horarios impredecibles.
COMPARACIÓN DE TAREAS
Hacemos una comparación (sin ningún ánimo de desmerecer el trabajo de los demás), pero que aprovechamos para resaltar el valor de la función fiscal, donde vemos en primer lugar que un funcionario fiscal que a la madrugada estuvo en un allanamiento o una detención, temprano a la mañana siguiente debe tomar declaraciones, elaborar dictámenes y presentar en el perentorio plazo ante el juzgado, a pesar del agotador turno. Por ejemplo, el agente policial que estuvo hoy de guardia al día siguiente tiene libre, el enfermero que a la noche estuvo de guardia tiene dos días libres. Esa posibilidad no tiene como beneficio el funcionario fiscal, que reitero tiene cuatro esfuerzos: físico, intelectual, psicológico, a lo que debe agregarse que su trabajo además implica degradación a su seguridad personal y familiar, ya que en sus funciones “enfrenta directamente” a delincuentes, que representan todo un peligro.
PRESUPUESTO Y SALARIO
Claramente se puede apreciar que el Ministerio Público no goza de todos los beneficios que tienen otras instituciones de la administración pública (algunas con sobrecargas de beneficios), a cambio del funcionario fiscal que se encuentra abarrotado de trabajo. Desde la Unidad aparentemente “light”, como la de Delitos Económicos, tiene un tremendo cúmulo de tareas documentales, en ambientes totalmente insalubres y con horarios hartamente exigentes en la picota de la investigación, con la exigencia de la sociedad al enfrentar a poderosos, el acoso de estos, con la consabida presión política. La Unidad de “Marcas”, a pleno sol en los puertos o depósitos insalubres, algunas veces ante objetos radiactivos. La Unidad de Drogas, peligro a la vida y a la integridad propia y familiar, insalubridad, horarios y climas extraordinarios, lugares peligrosos, etc., lo mismo que la Unidad Antisecuestro que vemos a diario en las crónicas periodísticas; las Unidades Ordinarias, enfrentar a bandas criminales en allanamientos, recibir a las víctimas todos los días, etc.
Ninguna Unidad de la Fiscalía se encuentra fuera del foco de apremio físico, exigencia intelectual, despliegue físico tremendo, cansancio psicológico, casi nulo descanso, sin posibilidad de tener apagado el celular, puesto que inclusive los días que no se encuentra de turno puede ser detenido un prófugo y debe cumplir su función en ese horario procesal que resulta perentorio.
Todas esas cuestiones que en el ámbito privado y público, como insalubridad, horarios sumamente extraordinarios como madrugada o feriados, inseguridad, peligrosidad, cansancio psicológico, etc., todas absolutamente todas son pagadas por el Estado en otras dependencias o en las empresas privadas, pero no ocurre lo mismo en el Ministerio Público, donde no se paga ni en lo más mínimo para paliar todo ese esfuerzo extraordinario.
Por todos estos condicionantes en numerosas ocasiones el Ministerio Público como institución no puede retener a excelentes funcionarios, que deben emigrar ocupando importantes cargos en toda la administración pública, y permanentemente son tentados por empresas privadas o internacionales, debido a que los buenos y capaces funcionarios sufren el rigor de un trabajo sobrecargado y poco remunerado. Sigue siendo una institución con bajo salario, sin reconocimiento por el esfuerzo de horarios extraordinarios, lo que desalienta a todo funcionario honesto y capaz.
CONCLUSIÓN
El rol constitucional asignado al Ministerio Público de representar a la sociedad en la persecución de hechos punibles y otros derechos difusos, definitivamente obliga a dotarla de los recursos necesarios para que enfrente dicho desafío con las herramientas básicas que le permitan a su vez mantener en sus filas a personas capaces y honestas, que serán el derrotero de una institución fuerte y comprometida para fortalecer un Estado de derecho, con una Fiscalía que represente con dignidad y confianza a la ciudadanía. Pero en condiciones de heroísmo de sus funcionarios, sin recursos suficientes en el Presupuesto General de la Nación, solo tendremos un ensayo de Fiscalía incapaz de amparar a la sociedad. El hecho que en el Ministerio Público existan corruptos, no debe ser excusa para dotar a dicha institución de los recursos suficientes que posibilite tener funcionarios capaces y comprometidos, que como vemos a diario se enfrentan no solo a delincuentes comunes o de guantes blancos, sino también dentro de la propia Fiscalía y del Poder Judicial para depurarse internamente. Para exigir respuestas y resultados, simultáneamente debemos reconocer el esfuerzo y la capacidad, exigiendo “ser buenos funcionarios pero no héroes”.
Sin una institución independiente y fuerte que lo proteja, la sociedad perecerá en la lucha contra la criminalidad en todas sus facetas. Por ello, la clase política (Poderes Legislativo y Ejecutivo) muchas veces en el ojo de la lupa del Ministerio Público, tiene la obligación de dotar de recursos –por lo menos básico– que permita a esta institución contar con los elementos acordes a su rol constitucional. De lo contrario, solo cooperará en “matar a dicha institución”, pues con un presupuesto raquítico solo ahuyentará aun más a los buenos funcionarios que en gran porcentaje cuenta la misma, y que a pesar de las adversidades realizan su valiente tarea en todo el territorio nacional.
Es Justicia.
*Néstor Fabián Suárez Galeano: Exfuncionario del Ministerio Público, con 20 años de carrera: Practicante, dactilógrafo, asistente, secretario judicial y general, agente fiscal en Unidades Barriales, Ordinarias, Antisecuestro, Marcas, Derechos Humanos y Anticontrabando.