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Las averiguaciones sobre la posible comisión de hechos punibles fueron abiertas de oficio por el fiscal adjunto de Delitos Económicos, Carlos Arregui, quien actuó con el visto bueno del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
La decisión del Ministerio Público es plausible, ya que se estaría ante un enorme perjuicio al patrimonio del Estado, en el que estarían involucrados varios políticos y sus familiares, muchos de los cuales tenían varios salarios del presupuesto general que cobraban sin trabajar.
La fiscalía representa a la sociedad y esta le exige que actúe para individualizar y castigar a los que roban al Estado.
El problema fue siempre la injerencia política, que nunca permitió que avancen las investigaciones contra senadores, diputados, gobernadores, intendentes, etc. La mayoría de las causas abiertas a los políticos quedaron en el oparei. Si el Ministerio Público llegaba a acusar, la causa se “cocinaba” en el Poder Judicial.
Sin embargo, la apertura de oficio de las investigaciones a los parlamentarios y sus familiares hace que la gente vuelva a creer en el Ministerio Público, que tiene la gran responsabilidad de no defraudar a la ciudadanía a la cual representa.
El apoyo ciudadano a los agentes que indagan los casos es muy importante. El control de la gente es esencial para que el fiscal pueda actuar bien y para que los senadores y diputados no presionen, por ejemplo, con una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento. Esta institución es clave para garantizar la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Los miembros del órgano juzgador tienen que rechazar cualquier denuncia que solo busca amedrentar a los agentes.
cbenitez@abc.com.py