Lenta investigación a políticos que buscan el rekutu en el Este

La investigación fiscal abierta por supuestos casos de corrupción contra varios intendentes y concejales de municipios del Alto Paraná -que están en campaña para la reelección- registra un lento avance.

De izq. a der. El intendente de Minga Guazú Digno Caballero (ANR, cartista), el jefe comunal de Ñacunday Everaldo Devitte (UNACE) y el concejal de Presidente Franco Roberto Brizuela (PLRA, efrainista). Los tres están denunciados por más de un caso de corrupción.
De izq. a der. El intendente de Minga Guazú Digno Caballero (ANR, cartista), el jefe comunal de Ñacunday Everaldo Devitte (UNACE) y el concejal de Presidente Franco Roberto Brizuela (PLRA, efrainista). Los tres están denunciados por más de un caso de corrupción.gentileza

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El intendente de Ñacunday, Everaldo Devitte (UNACE), soporta cuatro denuncias presentadas por la Junta Municipal, pero los casos están congeladas en la Fiscalía Zonal de Iruña, a cargo de María del Carmen Meza.

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Devitte fue acusado por presuntos desvío de fondos municipales mediante transferencias a comisiones vecinales para obras y de la recaudación de la balsa sobre el río Ñacunday y pago por construcciones inconclusas.

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A su vez el jefe comunal de Minga Guazú, Digno Caballero (ANR, cartista), está en la mira del fiscal Anticorrupción Francisco Cabrera desde junio de 2020. Caballero es apuntado por supuestos faltantes de G. 716.639.380, caja paralela en la Municipalidad, dudosas transferencias monetarias a comisiones vecinales y adjudicación de millonarias licitaciones a las empresas Po Kuarahy Rese SA y Dimafre SA, perteneciente a su esposa diputada Blanca Vargas.

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En junio pasado también el intendente de Hernandarias, Rubén Rojas (ANR, cartista), fue denunciado por un supuesto desfalco de G. 6.413.036.449. Transferencias millonarias a entidades, a la firma San Cayetano (de Ramón Riquelme) y malversación de los ingresos por impuesto inmobiliario son algunos hechos comunicados al fiscal Alfredo Acosta Heyn.

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En el mismo mes el jefe comunal de Santa Rita, César Torres (ANR, abdista), fue acusado por supuestas sobrefacturaciones en licitaciones, pagos por servicios sin evidencias de contraprestación y por obras incompletas, entre otras supuestas irregularidades. El caso es investigado por el fiscal Anticorrupción Diego Arzamendia.

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El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (MCDE), por su parte, soporta varias investigaciones por presuntas sobrefacturaciones, licitaciones amañadas, entre otras denuncias. Su denunciante principal es el concejal Celso Miranda “Kelembu” (ANR, zacariista).

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En tanto, que el concejal de Presidente Franco, Roberto Brizuela (PLRA, efrainista), está indagado en dos causas penales. Brizuela fue acusado por supuestamente extorsionar a un prestador de servicio de la Municipalidad y por supuesto fraude para regalar un terreno municipal a su hijo Óscar Torres.

En su descargo, las autoridades municipales coinciden en que las denuncias tienen trasfondo político teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones municipales.

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