La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible otro recurso planteado por los fiscales Diego Arzamendia, Natalia Fúster y Francisco Cabrera en la causa N° 13/2019 caratulada “Sandra María McLeod de Zacarías y otros s/Lesión de Confianza”. Se trata de un proceso abierto por el desvío de G. 3.700 millones de la Municipalidad de Ciudad del Este.
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Por unanimidad, los ministros Antonio Fretes, César Garay y César Diesel rechazaron la pretensión de la Fiscalía de anular una resolución del Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este, que confirmaba la decisión de la jueza Cinthia Garcete.
La magistrada de primera instancia había aceptado una excepción de falta de acción que beneficia a la exintendente esteña Sandra McLeod y otros siete procesados, quienes quedaron desvinculados parcialmente de la causa.
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Según la acusación fiscal, McLeod y su esposo senador Javier Zacarías estaban implicados en un esquema de desvío fondos del presupuesto de publicidad de la Municipalidad para destinar a campaña electoral, pagos a periodistas afines, entre otros gastos no contemplados en los contratos, en el período 2014-2018.
Blanqueo por aprobación de Tribunal de Cuentas
La jueza Garcete había blanqueado a los acusados en la porción que corresponde a 2014 y 2015, al alegar que los balances de ese lapso de la Comuna ya habían sido juzgados y aprobados por el Tribunal de Cuentas.
La administración del clan Zacarías en la Municipalidad había conseguido un resorte judicial para eludir el control de la Contraloría General de la República y rendir cuentas solo ante el Tribunal de Cuentas, un organismo sin capacidad técnica para el examen de la gestión pública.
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La magistrada igualmente había excluido pruebas claves del caso, al sostener que las evidencias fueron obtenidas ilegalmente. También había dictado el sobreseimiento provisional de McLeod, sobre la porción de los hechos de 2018, período que fue auditado por la Contraloría y que terminó con la constatación de 90 irregularidades.
La decisión de Garcete había sido confirmada por el Tribunal de Apelaciones, conformado por Miryan Meza, Perfecto Orrego y Juliana Giménez.
Recurso de la Fiscalía
Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción consideraron que tanto la resolución del juzgado como del Tribunal de Apelaciones carecían de fundamentos suficientes para rechazar el juzgamiento público de los acusados solicitado por el Ministerio Publico y recurrieron a la Corte.
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La Sala Penal de la Corte Suprema concluyó que en su resolución el Tribunal de Apelaciones realizó un “estudio razonado, detallado y lógico, refutando legalmente y doctrinariamente las pretensiones de los recurrentes”.
La Corte también declaró inadmisibles los recursos planteados por los defensores de los coacusados David Espínola Osorio, Juan Sanabria Notario, Carlos Bordón Bottino y los hermanos Dora, Gustavo, Lucía y Olga Rojas Espínola. Los citados pretendían la nulidad absoluta de la acusación para desvincularse completamente del caso.
Primer recurso rechazado
El julio pasado, la Sala Penal de Corte declaró inadmisible otro recurso extraordinario de casación de la Fiscalía y el blanqueo del senador Zacarías Irún había quedado firme en la causa conocida como “Frontera Producciones”.
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De acuerdo a la investigación fiscal, el senador colorado era el supuesto instigador del esquema de desvío de dinero de la Municipalidad esteña. Formaban presuntamente parte de la estructura el exdirector de Finanzas David Espínola, el exjefe de Prensa Juan Sanabria y la exfuncionaria municipal Dora Rojas.
Además, del locutor Carlos Bordón Bottino, dueño de Frontera Producciones, y los hermanos Gustavo, Lucía y Olga Rojas Espínola que manejaban otras empresas de maletín empleadas para el desvío de los fondos municipales.