Postergan reconocimiento de personas en caso de presunta extorsión por US$ 100.000

La diligencia de reconocimiento de personas prevista para hoy fue postergada ante un recurso planteado por la defensa de los policías procesados por supuestamente raptar y extorsionar US$ 100.000 a una paraguaya procedente de España.

La declaración de la denunciante Reinalda Santa Cruz Brítez también fue suspendida y su testimonio será brindado el próximo martes 6 de diciembre, según dispuso el juez penal de Garantías Carlos Vera Ruiz. Mientras que el reconocimiento de personas se llevará a cabo al día siguiente.

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Ambas diligencias se realizarán bajo la figura de “anticipo jurisdiccional de prueba”, teniendo en cuenta que la víctima soporta un proceso de extradición a España.

Tanto la declaración testifical como el reconocimiento de personas son dos diligencias claves para el fiscal Alberto Torres, a fin de avanzar en la investigación y juntar pruebas para un eventual juicio oral y público.

Los policías imputados

Con relación a este caso caratulado como extorsión y privación ilegítima de libertad, están procesados los oficiales Karina Beatriz Caballero Giménez (31) y Diego Fernando Ayala Mallorquín (27).

Además, los suboficiales Alfredo Báez Zalazar (27), Éver Raúl Aquino (44), Hugo Arnaldo Báez Zalazar (35) y Rafael Silvero Bogado (37).

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Todos pertenecían a la oficina de Homicidios de la Policía de Ciudad del Este y ahora están recluidos en la Agrupación Especializada, a excepción de Caballero Giménez quien cumple arresto domiciliario por tener un hijo en período de lactancia.

En el reconocimiento de personas, los policías investigados serán mezclados con otras personas y la víctima deberá identificar a los presuntos implicados en el rapto y extorsión.

La imputación por rapto y extorsión

Según la imputación del fiscal Torres, el pasado 3 de noviembre, los policías imputados supuestamente interceptaron a Santa Cruz Brítez sobre la avenida Bernardino Caballero en Ciudad del Este.

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En un primer momento, los agentes habrían comunicado a la afectada que supuestamente se desplazaba en un vehículo robado, por lo que sería llevado a una sede policial ubicada en el barrio Boquerón II.

Una vez en la base policial, los policías presuntamente exigieron a Santa Cruz US$ 100.000, más de G. 700 millones al cambio actual, para evitar una extradición a España. Luego la exigencia habría bajado a 10.000 euros.

El marido español de la mujer intentó transferir la suma a una cuenta brindada por los policías, pero la operación fue bloqueada por un banco de España por exceder el monto permitido.

Santa Cruz fue liberada sin pagar, pero le habrían obligado a firmar un papel para entregar el dinero al día siguiente.

Abogado imputado

El abogado Abdo Javier Escobar Burgos también está procesado, ya que supuestamente participó activamente de la extorsión. El letrado habría traicionado a su cliente y presuntamente informó a los policías que Santa Cruz Brítez tenía una condena por trata de personas en España.

Escobar Burgos fue beneficiado con libertad condicional y deberá someterse al proceso penal.