La Municipalidad de Ciudad del Este había loteado sus propias tierras

Tras la expropiación de las citadas fincas, por Ley 35/90, a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este como fracción indivisa, aparecieron varios títulos superpuestos. Estos documentos serían producto de una repartija de tierras entre militares stronistas, de propiedades ajenas que ya estaban tituladas.

Estos últimos accedieron a títulos emitidos y otorgados por la Comisión de Administración de la Colonia Presidente Stroessner. Con los documentos superpuestos comenzaron los loteamientos privados aprobados por la Municipalidad de Ciudad del Este; es decir, pese a que por ley los inmuebles pasaron a ser de dominio municipal.

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Una de las primeras aprobaciones de loteamiento se ejecutó en junio de 1998, durante el periodo del entonces intendente Juan Carlos Barreto Miranda (+), mediante la resolución 143/98 JM, a favor de Sur Inmobiliaria SA, vinculada al exdictador Alfredo Stroessner. Esto había motivado la denuncia de parte del entonces concejal Darío Aguayo ante la Contraloría General de la República.

El informe de la Contraloría había confirmado que efectivamente la Comuna estaba loteando su propio inmueble.

“El Estado paraguayo se halla pagando a los expropietarios de estas tierras la indemnización en un 80%, equivalente a más de G. 40.000.000.000 (cuarenta mil millones de guaraníes). Con lo que está ocurriendo, nos percatamos de que la misma Municipalidad de Ciudad del Este está aprobando loteamientos a nombre de terceros, de sus propias tierras”, decía el informe.

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“Creemos es importante la participación de la Procuraduría General de la República, en apoyo de la Contraloría General de la República porque, evidentemente, estamos ante un caso judicial complejo, en donde están en juego grandes intereses del país”, señala en otra parte el informe de la Contraloría General de la República en su expediente 4.945/98.

Dicho dictamen se había enviado a la Cámara de Diputados y al concejal Darío Aguayo, en 1999, y con eso se determinó la intervención de la Junta Municipal y la Intendencia. Sin embargo, una medida cautelar otorgada mediante el A.I. 147 de la Corte Suprema, frenó la intervención, por lo que la irregularidad sigue vigente.

Durante la administración de Javier Zacarías Irún (ANR) se había aprobado otra veintena de loteamientos, pero no fueron cuestionados por ningún concejal de la época.

Están a nombre de la Municipalidad

Mientras la Municipalidad de Ciudad del Este seguía con los loteamientos, empezó a crecer el conflicto por la ocupación de los terrenos.

Los pobladores, como sabían que los inmuebles debían pasar a nombre de la Comuna, empezaron una verdadera cruzada. Al no recibir respuestas, crearon una coordinadora vecinal e iniciaron un juicio de obligación de escritura pública e inscripción de registros públicos de ambas fincas.

Finca 66 es “un gigantesco problema jurídico, social y humano”

El 14 de septiembre de 2007, mediante sentencia definitiva 673, el juez Neri Joel Kunzle había ordenado a los antiguos propietarios de las fincas expropiadas a suscribir la escritura pública a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este.

La inscripción se efectuó en enero del 2008, por lo que la finca 13.741 pasó a nombre de la Municipalidad de Ciudad del Este con el número 29.294 y la 66 se inscribió como 29.295.

Un caos social y jurídico

Las graves irregularidades impunes en torno a las fincas 66 y 13.741 desataron un grave problema social y jurídico. Como hay títulos superpuestos se generaron conflictos por la ocupación, lo que deriva en violentos desalojos que terminan en enfrentamientos.

Dentro de las 755 hectáreas de tierras que conforman las dos fincas están asentados numerosos barrios densamente poblados, como Pablo Rojas, San Antonio, Che La Reina, La Blanca, Mburucuyá, Carolina y Don Bosco, ubicados entre el lago Acaray y la Ruta PY02.

Mensura judicial

En la actual administración de la Municipalidad de Ciudad del Este, el intendente Miguel Prieto recurrió a una mensura judicial a fin de determinar la zona afectada. El juicio caratulado “Municipalidad de Ciudad del Este s/ Mensura Judicial” se había iniciado en el 2021.

La acción se planteó ante la juez Victoriana Cáceres, luego fue recusada y pasó en poder del juez Juan Vicente Pereira Vera, pero este también tuvo que apartarse del expediente a raíz de una nueva recusación.

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El expediente pasó al juzgado de Gabriela Ramírez, quien deberá llamar a autos para sentencia, considerando que el juicio está en su fase final. Según los asesores, la mensura servirá para sanear la ocupación.

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