La inseguridad jurídica ensombrece la ocupación de 700 ha en Ciudad del Este

Los populosos barrios Che La Reina, Pablo Rojas, La Blanca, Mburucuyá, San Antonio, Carolina y Don Bosco de Ciudad del Este albergan a unas 20.000 familias. Todos están en el sector Acaray y actualmente están asentados sobre las fincas: 66 de 605 hectáreas (de Tomás Rafael Salomoni y otros) y la finca 13.741 de 150 hectáreas (de Josefina Vda. de Bittar y otros) que habían sido expropiadas a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este por la Ley 35/90.

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Pese a que las fincas expropiadas fueron inscritas en la Dirección General de Registros Públicos en enero del 2008 a nombre de la Municipalidad de Ciudad del Este, la Comuna desconoció su propio inmueble en reiterados actos administrativos y en diversas administraciones.

Con dicha inscripción, la finca 13.741 pasó a nombre de la Municipalidad de Ciudad del Este con el número 29.294 y la 66 se inscribió como 29.295.

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Pese que oficialmente pertenecía a la Comuna esteña, la institución municipal, con anuencia de la Junta Municipal, aprobó loteamientos privados sobre dichos inmuebles. Además, aceptó donaciones de parcelas para plazas y edificios públicos.

Los loteamientos privados favorecieron a empresas privadas que presentaron títulos de propiedad que tendrían como origen el usufructo de tierras por parte de militares stronistas.

Grave conflicto en torno a la ocupación

Gran parte de la finca fue ocupada por asentamientos hoy convertidos en barrios, al ser considerados inmuebles municipales y, como también fueron loteados como inmuebles privados, se generó un grave conflicto por la posesión de los terrenos.

Los ocupantes se resisten férreamente a los desalojos al considerar que son terrenos municipales, mientras que las inmobiliarias que adquirieron los inmuebles con titulación insisten en los desalojos.

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La abogada Nilda Silvero de Prieto, exasesora de la Comuna esteña y presidenta del Colegio de Abogados de Alto Paraná, afirmó que el caso jurídico generado en torno a dicho inmueble necesita una atención especial.

“Es necesario que el municipio, las instituciones del Estado y los particulares instalen una mesa de trabajo para analizar la situación y poner en regla la ocupación. Se debe encontrar un punto en común para dar solución a este grave problema social. No se puede vivir eternamente en estas circunstancias, creando un caos tremendo y teniendo en zozobra a miles de familias”, expresó.

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La profesional dijo además que no se puede desconocer a los compradores de buena fe que adquirieron los terrenos, quienes deberán ser incluidos en el proceso de solución del grave conflicto social jurídico.

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