De acuerdo con la Fiscalía, en los últimos siete años la Lava Jato de Paraná registró un total de 735 pedidos de cooperación internacional, datos que “demuestran la seriedad y eficacia de la operación”.

En total fueron devueltos a las arcas públicas más de 4.300 millones de reales (unos 811 millones de dólares) gracias a 209 acuerdos de colaboración con algunos de los acusados de participar en tramas corruptas.

La Fiscalía de Paraná informó que el grupo de trabajo dedicado a investigar las corruptelas llega a su fin aunque algunos de sus integrantes pasarán a actuar en el Grupo de Acción Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) para dar continuidad a los trabajos.

La “Lava Jato” (Lavado a chorro), cuyo nombre hace referencia a los puestos de gasolina que eran utilizados para blanquear el dinero ilícito de una de las organizaciones inicialmente investigadas, completaría siete años en marzo.

En ese periodo llevó a cabo 1.450 órdenes de allanamiento, 211 conducciones coercitivas, 132 mandatos de prisión preventiva y 163 de arresto temporal, según recordó este miércoles la Fiscalía.

La Lava Jato condujo a prisión a importantes empresarios y políticos de primer escalón, entre ellos el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que recurre su sentencia en libertad tras pasar un año y siete meses entre rejas.

“El legado del grupo Lava Jato es innegable y loable, considerando los avances que tuvimos en discutir temas tan importantes y caros a la sociedad brasileña”, afirmó el coordinador del núcleo de la Lava Jato en el Gaeco, Alessandro José de Oliveira.

Resaltó que “todavía hay mucho trabajo” por delante y precisó que, “si es permitido, contribuirá para que la lucha en el combate a la corrupción sea efectivamente revertida en favor de la sociedad”.

La operación Lava Jato se inició el 17 de marzo de 2014 cuando la policía del sureño estado de Paraná descubrió una red de lavado de dinero que operaba en diversas ciudades de Brasil.

En el proceso se destapó una red de corrupción en la empresa estatal Petrobras, así como un sinfín de problemas financieros y políticos que alcanzan a la mayoría de los partidos del país.

Pese a que la Lava Jato se inició en Brasil, las investigaciones se extendieron por más de una decena de países de Latinoamérica y salpicaron a presidentes y expresidentes del continente, entre ellos el peruano Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó con un disparo en la cabeza cuando iba a ser detenido en 2019.