Santa Cruz exige que el censo se realice en 2023 con la aplicación de sus resultados en 2025, año en el que están previstos los comicios presidenciales, mientras que el Gobierno aplazó la encuesta nacional bajo el argumento de razones técnicas, la calidad de los datos y la necesidad de “despolitizar” el proceso.
Los directorios de los Comités Cívicos de cada uno de los nueve departamentos de Bolivia suscribieron un documento en el que “exhortan” al presidente Arce a que abrogue el decreto 4760, con el que se aplazó la realización de la encuesta nacional a 2024.
En ese sentido, dan "un plazo de 72 horas" para que el Gobierno atienda sus demandas entre las que están la definición de la fecha de la encuesta nacional y detener el "cerco" a la región de Santa Cruz, motor económico de Bolivia, que desde hace 13 días se encuentra en paro indefinido por el censo.
Reiteraron que el censo se debe desarrollar en 2023 en una fecha que se determine "en una mesa técnica con todos los actores involucrados" y que se "establezca una mesa de dialogo en condiciones de respeto, garantía y de pacificación".
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Los líderes cívicos también exigieron que se "levante de inmediato el cerco a la ciudad de Santa Cruz", que desde hace días aplican sectores afines al oficialismo bloqueando vías al paso de alimentos y combustibles a manera de protesta contra el paro.
Y exhortaron al Gobierno a que "pacifique el país suspendiendo la represión política y la persecución judicial contra dirigentes cívicos e institucionales".
La oposición, firme en Santa Cruz
El Gobierno “conducido por el presidente Luis Arce ha permitido que se desate la violencia contra el pueblo del departamento de Santa Cruz, al permitir que grupos que componen el partido de Gobierno del Movimiento al Socialismo MAS, realicen un cerco genocida a la ciudad capital” de esta región, señalaron.
A Santa Cruz se le ha privado "de alimentación, suministro energético y promoviendo la violencia física y psicológica contra su población; sólo por exigir mediante un paro, como medio de una protesta pacífica, el legítimo derecho del pueblo de Bolivia a disponer de un censo actualizado y oportuno", añadieron.
Además, los líderes cívicos expresaron su preocupación por la "campaña de amenazas contra la libertad y la integridad física y psicológica del presidente del Comité Pro Santa Cruz (Rómulo Calvo), del gobernador (el opositor Luis Fernando Camacho)" y demás autoridades y ciudadanos de esa región, "violentando los derechos humanos de los bolivianos y alentando un clima de violencia desde el propio Estado".
Este jueves, Arce afirmó que la invitación a dialogar por el conflicto sobre el censo sigue "abierta" y reiteró que el viernes se instalará la mesa técnica que decidirá la fecha definitiva para la encuesta nacional.
"Siempre convocamos al diálogo y la invitación permanece abierta, porque confiamos en que es el mejor mecanismo para la solución de conflictos. Es momento de dar tranquilidad al pueblo cruceño", escribió Arce en sus redes sociales.
En la noche del miércoles, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, dijo que la instalación de la comisión técnica dará “certidumbre a la población sobre la ejecución y calidad del proceso censal” y que contará con “el acompañamiento de organismos internacionales”.