Villamayor insinúa que Paraguay poco podía hacer para evitar concesión de refugio

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, aseguró este miércoles que el Estado no podía inmiscuirse en el proceso de concesión de condición de refugiados que Uruguay les concedió a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán antes de ser asilados por Finlandia.

Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior, durante su audiencia de interpelación en el Senado hoy.
Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior, durante su audiencia de interpelación en el Senado hoy.Celso Ríos

“El Estado paraguayo y sus representantes legales tramitan la extradición, no participan del proceso en el cual se analiza la condición de refugio. Ellos han pedido refugio mientras el Estado pedía la extradición”, precisó Villamayor este miércoles en conversación con medios de prensa. Sus declaraciones fueron recogidas por ABC Cardinal.

De esta forma, el titular de Interior indicó que Paraguay poco podía hacer en ese proceso paralelo a través del cual el gobierno de Uruguay le concedió la condición de refugiados a los tres prófugos, que argumentaron ser perseguidos políticos. Esta decisión se conoció el pasado lunes 7. Al día siguiente, es decir ayer, 8 de octubre, ya embarcaron desde Montevideo hacia Helsinki vía Madrid.

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“No somos parte porque la ley prohíbe que intervengamos. Los abogados (que fueron contratados por Paraguay) tienen que trabajar el proceso de extradición, proceso que no se analizó porque se estaba analizando el proceso de refugio y en el proceso de refugio el Gobierno (paraguayo) no es parte”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que Paraguay pidió la revocación de la remoción del “código rojo” a Interpol, una institución que realizó este paso tras un pedido de los supuestos secuestradores que también dijeron allí, a través de sus representantes, ser perseguidos políticos.

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“El Gobierno envió una delegación allá (sede central de Interpol, en Francia), nos enfrentamos con la comisión de ficheros, colocamos todos los argumentos y nos resulta impropio que la comisión de ficheros pueda levantar por sí un código rojo que se debe a una orden de captura emanada de un juez competente”, concluyó.

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