Absuelven de culpa y pena a una de las tantas víctimas de González Daher

Una jueza absolvió de culpa y pena a Miguel Britos Villalba, quien había sido denunciado por supuesta estafa por el imputado y actualmente preso, Ramón González Daher. El empresario adquirió un préstamo de un compadre del exdirigente deportivo, por el que le cobraron 100% de intereses, le quitaron su casa y pretendían enviarlo preso.

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La jueza penal de sentencia Nancy Adorno absolvió hoy de culpa y pena al Ing. Miguel Britos Villalba, quien había sido denunciado por supuesta estafa por Ramón González Daher, imputado por lavado de dinero y usura.

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La causa había sido elevada a juicio oral y público en base a un pedido de la fiscal Sandra Ledezma, luego de que el exdirigente deportivo presentara una denuncia contra Britos Villalba, a quien obligaron a firmar unos cheques para recuperar su casa.

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Préstamo usurario

Agobiado por los problemas económicos, el Ing. Miguel Britos Villalba decidió en junio de 2013 pedir un préstamo de G. 200 millones a Roberto Garcete, presidente del club Resistencia –de Intermedia– y miembro del consejo ejecutivo de la APF, además de un conocido usurero de la Chacarita que dice ser cambista. También es compadre de Ramón González Daher.

Britos estaba desesperado porque debía cubrir la hipoteca de su casa y el capital operativo de su empresa, la firma Proyinel SA. Sabía que la tasa de interés sería alta, pero ante el agobio y el riesgo de perder su casa y su empresa, no tuvo más opción que aceptar.

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Un año más tarde, en 2014, Britos ya había pagado G. 400 millones. Es decir el 100% de interés, muy por encima del límite legal establecido por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Britos firmó el acuerdo con Roberto Garcete, sin saber que detrás estaba realmente Ramón González Daher.

Grande fue su sorpresa cuando el 26 de noviembre de 2014, Garcete lo citó a una reunión en un edificio del centro de Asunción, que debía desarrollarse un día después y a la que debía ir con sus hijas. Para su asombro, en el lugar se encontraron con González Daher, quien los intimó a abandonar su casa en un plazo de 30 días. El 20 de diciembre de 2014, entregaron la llave a Garcete.

Pasaron los días y Garcete los volvió a convocar a una reunión, diciendo que había “buenas noticias”. Les dijeron que les iban a devolver la casa, pero si Britos firmaba cuatro cheques por valor total de G. 534 millones.

El Ing. Britos firmó los cheques y le prometieron devolver la llave. Pasaron los días y Garcete desapareció. Cuando averiguó, la casa ya estaba registrada a nombre del “prestamista” de la Chacarita.

Mientras intentaba revertir la escritura de su casa, Britos recibió una notificación: lo denunciaron por estafa, ¿el denunciante? Ramón González Daher, quien había pasado a ser poseedor de uno de los cheques que le habían obligado a firmar a Britos a cambio de devolverle su casa.

La familia que pagó G. 400 millones y perdió su casa sin haber firmado escritura alguna, tuvo que afrontar un proceso injusto por estafa, abierto por una persona totalmente diferente a la que le prestó el dinero.

No quería comparecer

A pesar de haber sido el denunciante del caso, González Daher remitió la semana pasada un escrito a la jueza para pedir que se prescindiera de su declaración testifical. Inicialmente alegó falta de garantías para su seguridad y posteriormente dijo tener problemas de salud.

Esquema de apriete

El caso de la familia Britos es apenas uno de cientos en los que el sistema judicial fue y sigue siendo utilizado por el clan González Daher para apretar a las víctimas de su sistema de préstamos usurarios.

En el circuito de “apriete” que realizaba supuestamente González Daher para cobrar sus préstamos, era frecuente realizar denuncias penales por estafa ante la Fiscalía General. Varios fiscales se prestaron para que el cobro de guaraníes, que debe corresponder al fuero civil, sean penalizados como forma de coacción a los deudores.

En la imputación por lavado de dinero y usura contra González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, la Fiscalía encontró que realizaron 227 denuncias de supuestas estafas a las que se dieron trámite, para que los ahora imputados puedan cobrar las sumas de dinero adeudadas.

Añade parte de la imputación que este modus operandi “había sido utilizado por el señor Ramón González Daher a fin de hacer efectivo el cobro por capitales e intereses, aparentemente usureros, otorgados a terceros”.

Este esquema de apriete tenía mayor fuerza por el hecho de que, coincidentemente con el diligenciamiento del proceso, el entonces senador Óscar González Daher, hermano de Ramón, ocupaba la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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El exparlamentario deberá enfrentar próximamente juicio oral por el caso de los audios filtrados en el JEM, y también una audiencia preliminar por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión.

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