Seprelad no cuenta con fondos para cumplir control del dinero sucio

Actualmente, para Seprelad es “materialmente imposible” cumplir con el proyecto de ley de trazabilidad del financiamiento político. Sin embargo, el ministro Carlos Arregui aseguró que se reunirá con la impulsora para “pulir” algunos elementos y contó que el presidente Mario Abdo Benítez le prometió “prioridad” para llevar a la práctica el control del dinero sucio en las elecciones.

En Detalles: visita de Carlos Arregui, ministro de la Seprelad
Carlos Arregui, ministro de la Seprelad, aseguró que Mario Abdo prometió prioridad a la ley de trazabilidad y a la transparencia.

Si se aprueba el proyecto de trazabilidad del financiamiento político, la Unidad de Inteligencia Financiera y Estratégica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) deberá encargarse de controlar a los partidos y movimientos políticos. Según Arregui, actualmente hay solo 15 funcionarios técnicos que deben procesar alrededor de 200 operaciones sospechosas por día.

“(Seprelad) está trabajando al borde de la capacidad que tiene, por todos los reportes de operaciones, y por la otra función que tiene: la de de realizar análisis estratégicos y de riesgo”, explicó a radio ABC Cardinal 730AM.

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Por ese motivo, alegó, “es imposible con lo materialmente disponible hoy dentro de la institución” cumplir con el proyecto de ley impulsado por la diputada Rocío Vallejo. Asimismo, admitió que necesitan más técnicos y más fondos para poder controlar a todos los candidatos para las próximas elecciones

Sobre ese punto, adelantó que el presidente Mario Abdo Benítez le dijo: “Vamos a ver cómo hacemos, pero vamos a darle prioridad a eso y el presupuesto que pueda tener Seprelad”.

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La Comisión Permanente del Congreso ya convocó a una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para el próximo 4 de febrero, con el objetivo de tratar este proyecto. El documento prevé que los candidatos presenten individualmente una declaración jurada de ingresos y gastos realizados durante la campaña. La multa en caso de incumplimiento sería de G. 25.302.000. Además, se proyecta establecer como obligatoria una declaración jurada de intereses de cada candidato.

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Los proyectistas buscan que el proyecto de modificación del financiamiento político sea aplicado en las elecciones municipales previstas para el 12 de julio y el plazo límite que da la Justicia Electoral para establecer cambios legislativos al sistema electoral antes de los comicios internos es el 6 de marzo.

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