Finalmente, la Cámara Baja arrancó cerca de las 09:30 la sesión extraordinaria para estudiar el proyecto de financiamiento político y el de declaraciones juradas, que prevén mejorar el control del dinero que se inyecta en las campañas políticas y la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, respectivamente.
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En el caso del financiamiento político, existe una reticencia de la mayoría de aprobarlo de la forma en que lo proyectó la diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida. Se espera que los legisladores lo aprueben en general, pero con modificaciones que eviten el control “uno por uno”.
El documento busca que los fondos de las campañas electorales sean fácilmente controlados: exige cuentas bancarias auditables, así como la declaración jurada de bienes de cada candidato en las internas partidarias. Entre los puntos más importantes aparece la obligación de cada candidato de presentar declaraciones juradas, rendiciones de cuentas, informes sobre sus empresas y los vínculos de su familia.
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En el caso de inexactitud o falsedad manifiesta, la sanción será impedir al candidato infractor su proclamación para las elecciones generales. Así también, involucra a la SET y a Seprelad en el control de informes, establece multas de G. 25 millones y descuentos al subsidio partidario, entre otras cuestiones.
Si la propuesta no es aprobada por los diputados, el Senado y el Poder Ejecutivo antes del 5 de marzo de 2020, dicho control a las internas se postergará hasta los comicios generales del 2023.
Declaraciones juradas
Los diputados también analizarán el proyecto de ley de Publicidad de las Declaraciones Juradas de Bienes de funcionarios estatales. La ley vigente solo permite pedir el informe del patrimonio de un funcionario mediante orden judicial. La aprobación del proyecto depende de los votos de colorados oficialistas y cartistas, cuyos líderes siguen en silencio con respecto a esa iniciativa.
En el caso del proyecto de financiamiento, de aprobarse, iría a Senadores. En el de declaraciones juradas, al Ejecutivo para su promulgación o veto.
